El año comenzó con expectativas moderadas para el sector inmobiliario venezolano, tras un 2025 marcado por desafíos económicos profundos. Sin embargo, las perspectivas para este año no son alentadoras, según explicó Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), en una entrevista concedida a Fedecámaras Radio.
Impacto de las Sanciones y una Urgencia Cambiaria
González Travieso detalló que las sanciones económicas impuestas a finales de 2024 afectaron las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), generando un impacto directo en la economía nacional y una urgencia cambiaria que agregó volatilidad al entorno financiero.
En su participación en el programa “Análisis de Entorno”, el representante gremial señaló que, para 2026, no se observan señales de mejora que puedan impulsar una demanda masiva en el mercado de bienes raíces. Aunque existe una percepción superficial de estabilización, la realidad económica del país sigue siendo abrumadoramente difícil.
Cifras citadas por González Travieso revelan que el 88% de la población vive en situación de pobreza, a lo que se suma una inflación persistente que erosiona el poder adquisitivo y limita cualquier posibilidad de reactivación sostenida en el sector.
Más allá de los indicadores macroeconómicos, el presidente de la CIV hizo énfasis en un problema estructural: la desprotección legal del propietario. Según su análisis, la normativa actual de arrendamiento está desbalanceada y deja al propietario en total vulnerabilidad.
En nombre de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, González Travieso insistió en la necesidad urgente de modificar la Ley de Arrendamiento, con el objetivo de crear un marco jurídico que ampare de manera justa y equilibrada tanto a inquilinos como a propietarios. Esta reforma, afirmó, es crucial para generar confianza, dinamizar el mercado de alquiler y aportar certidumbre a un sector que ha operado por años en la informalidad y bajo alto riesgo.
Con información de Fedecamara Radio.
