La Asamblea Nacional (AN) decidió diferir la segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática hasta la próxima semana. Los diputados tomaron esta determinación tras una sesión donde el debate quedó en suspenso sin una fecha exacta para su reanudación inmediata.
El Parlamento busca ajustar detalles técnicos y políticos antes de proceder con la votación definitiva del articulado restante. Jorge Rodríguez, presidente del cuerpo legislativo, coordinó la sesión y enfatizó la necesidad de avanzar con paso firme hacia la reconciliación nacional.
Durante la jornada, los parlamentarios aprobaron los primeros artículos del proyecto que establecen el marco conceptual de la norma. Estos apartados definen el objeto de la ley, las finalidades de justicia y los principios rectores que guiarán la aplicación de las medidas de gracia.
Jorge Rodríguez justificó la medida de perdón y libertad basándose en la urgencia de sanar las heridas políticas del país. El dirigente legislativo manifestó su postura personal frente a la detención de ciudadanos por motivos vinculados a la conflictividad interna.
“Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”, afirmó de manera tajante el presidente de la Asamblea Nacional. Rodríguez recordó además la historia de su padre y la importancia de que ninguna víctima quede fuera del proceso de escucha.
Por su parte, el diputado de la bancada opositora Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, valoró el alcance del debate parlamentario en la plenaria. El legislador defendió la utilidad de esta herramienta legal como un mecanismo de fortalecimiento para el sistema democrático venezolano.
“La ley de amnistía que hoy se discute debe ser un voto de confianza a la convivencia”, destacó Uzcátegui durante su intervención en el Palacio Federal. El diputado añadió que la normativa representa el mayor ejercicio de fortaleza que puede demostrar una democracia para sanar.
El proyecto de ley ahora entra en una fase de espera técnica antes de que la plenaria aborde el resto del articulado detalladamente. Los parlamentarios prevén retomar la discusión en los próximos días para sancionar finalmente el texto y enviarlo al Ejecutivo Nacional.
La normativa beneficiará a personas procesadas o condenadas por hechos políticos ocurridos en diversos episodios de la historia reciente del país. El texto excluye expresamente los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra.
La directiva de la Asamblea Nacional instó a las comisiones responsables a mantener el trabajo de consulta durante este diferimiento de la discusión. El objetivo principal consiste en presentar un texto final que garantice la paz y el reconocimiento entre todos los sectores.
