La Asamblea Nacional de Venezuela presentó este martes un proyecto de ley compuesto por 28 artículos para regular el funcionamiento de la Cruz Roja Venezolana (CRV). El presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, afirmó que la normativa busca «cuidar» a la institución de «desmanes» y acusó al expresidente de la organización, Mario Villarroel, de ser un «verdadero delincuente» que ejerció el cargo por 47 años.
Jorge Rodríguez argumentó ante la plenaria que la discusión y aprobación de este instrumento legal es fundamental para proteger el servicio de la institución. El parlamentario enfatizó que la ley pretende salvar a la organización de «esas desviaciones, de esos desmanes cometidos por inescrupulosos» detectados tras la gestión de la directiva anterior.
El diputado Jehyson Guzmán, presidente de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que el texto busca prevenir la «usurpación de emblemas» y la «apropiación indebida de funciones». Guzmán señaló que el Estado venezolano busca proteger el uso legal de beneficios que reconoce de forma exclusiva a la Cruz Roja nacional.
Los parlamentarios aprobaron la propuesta en su primera instancia de discusión para avanzar hacia la protección del pueblo ante situaciones de vulnerabilidad. El exgobernador Guzmán añadió que la ley responde a las «amenazas guerreristas» contra el país y busca articular a la institución con el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales.
La normativa establece mecanismos para enfrentar la crisis climática que afecta a la población venezolana a través de una mejor coordinación con los organismos del Estado. El proyecto pasará ahora a una fase de consultas públicas antes de que la comisión de Guzmán elabore el informe definitivo para la segunda y última discusión en el Parlamento.
La justicia venezolana intervino la Cruz Roja en agosto de 2023 tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia y una investigación de la Fiscalía contra Villarroel por presunto acoso y maltrato. Mario Villarroel rechazó en su momento estas acusaciones calificándolas de «deshonestas» y denunció que la intervención de la junta reestructuradora fue un proceso «ilegal».
