El abogado defensor de Nicolas Maduro se presentó ayer en los tribunales de New York para desplegar una estrategia procesal que sólo apunta a dilatar los tiempos del juicio abierto contra el exdictador de Venezuela.
Infobae
Barry Pollack, por cuenta y orden de Maduro, presentó ante el juez Alvin K. Hellerstein una sucesión de escritos que exigen al tribunal que archive la causa contra el exdictador alegando que no hay pruebas en su contra y que la acusación penal viola la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
“El gobierno de los Estados Unidos está ahora impidiendo activamente que contrate a un abogado de su elección y reciba una defensa justa en este Tribunal, en violación de sus derechos bajo la Sexta Enmienda y el Debido Proceso», sostiene Pollack en su escrito de defensa al que accedió Infobae.
El argumento jurídico basado en la Sexta Enmienda, para cerrar la causa contra Maduro, tiene ostensibles debilidades estructurales.
El derecho que sostiene la Sexta Enmienda no es absoluto, ni acepta el uso de fondos sujetos a sanciones internacionales para solventar a los abogados del reo.
El caso contrario sería un sinsentido: la sanción apunta a evitar que los acusados de los delitos que justifican la medida punitorio no se beneficien de los bienes que obtuvieron de manera ilegal.
Y eso comprende pagar a sus defensores penales.
En este contexto, el abogado Pollack forzó los argumentos del caso Luis v. United States para beneficiar a Maduro, que fue líder de una organización para estatal que se dedicó a cometer delitos trasnacionales durante toda su mandato en el Palacio de Miraflores.
La Corte Suprema en Luis protegió el uso de activos “no contaminados”. Pero esa perspectiva jurídica no es compatible con el régimen la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), ya que los activos del Gobierno de Venezuela dentro de la jurisdicción de Estados Unidos no se consideran simplemente “fondos de un tercero”, sino activos bloqueados por razones de seguridad nacional.
Es decir: un acusado no tiene derecho constitucional a utilizar fondos cuyo origen o transferencia violen las leyes federales de sanciones. El derecho a elegir abogado (Sexta Enmienda) no otorga la facultad de exigir al Gobierno que levante sanciones económicas legítimas para facilitar el pago de honorarios personales.
Pollack adelanta en un escrito presentado ayer que renunciará a la defensa del exdictador de Venezuela, si el tribunal de New York rechaza su estrategia procesal que apunta a cerrar el expediente penal.
Se trata de un argumento que choca con la legislación vigente en Estados Unidos.
Pese a la eventual renuncia de Pollack, Maduro mantiene sus derechos al debido proceso y puede ser representado por abogados de oficio si demuestra su insolvencia.
La falta de recursos propios, según el primer alegato que hizo Maduro frente al juez Alvin K. Hellerstein, no es causa eficiente para que se levanten sanciones económicas basadas en normas de seguridad nacional de Estados Unidos.
Tras invocar la Sexta Enmienda para exigir que el tribunal cierre la causa, Pollack trata de argumentar que la ausencia de fondos para pagar sus honorarios es consecuencia de una sucesión de hechos irregulares supuestamente cometidos por la administración Trump.
Desde esta perspectiva, el abogado del exdictador sostuvo en un escrito que presentó ayer:
-“El gobierno de Venezuela, bajo sus leyes, tiene la obligación de pagar los costos de defensa del Sr. Maduro. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, otorgó inicialmente una licencia al abogado de elección del Sr. Maduro para aceptar fondos del gobierno de Venezuela para representarlo. Sin embargo, de manera unilateral y sin explicación, la OFAC enmendó posteriormente la licencia de tal forma que ahora impide la recepción de los costos de defensa por parte del gobierno de Venezuela».
La defensa del exdictador venezolana omite que los tribunales han señalado de manera coincidente que la emisión o denegación de licencias por parte de la OFAC son un ejercicio del Presidente de los Estados Unidos.
Y Donald Trump, a través de la Secretaría del Tesoro, decidió que los fondos opacos del régimen caribeño no sean utilizados para defender a Maduro.
En este sentido, por la jurisprudencia establecida en el caso Caplin & Drysdale, Chartered v. United States, el Gobierno tiene las facultades para garantizar que los activos sujetos a decomiso o bloqueo no sean disipados ante la necesidad de pagar una defensa privada.
