Un grupo de familiares pidió este miércoles que 170 trabajadores de la estatal petrolera Pdvsa, detenidos entre 2024 y 2025, sean incluidos en el proyecto de ley de amnistía que discute el Parlamento -controlado por el chavismo- porque consideran que se trata de un caso político por violaciones al debido proceso, entre ellas, haber sido capturados sin una orden judicial.
La abogada venezolana y familiar de unos de estos detenidos Zimaru Fuentes explicó, en una rueda de prensa en Caracas, que confían en que la ley -que se espera sea aprobada esta semana- incluya a todos los detenidos por motivos políticos, pero advirtió que por el momento es un texto excluyente.
«Nos presentan un proyecto de ley donde nos hablan de diez momentos históricos que son considerados como casos políticos, pero aquí no sabemos cuántos casos políticos hay», apuntó.
Fuentes indicó que desde que inició el proceso de excarcelaciones de presos políticos en enero tres personas de este grupo de trabajadores petroleros recibieron la medida, entre los que se incluye un colombiano y un estadounidense.
«No nos explicamos de verdad por qué hay preferencia con personas extranjeras y la desproporcionalidad, la arbitrariedad hacia nuestros nacionales, personas desempleadas», cuestionó.
Las detenciones
La abogada explicó que las detenciones de estas personas empezaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste), tras una investigación que empezó en junio de ese mismo año y que involucraba a un buque petrolero en alta mar en un caso sobre el que las autoridades no se han pronunciado públicamente.
Las aprehensiones, de acuerdo a Fuentes, se extendieron por otras refinerías de los estados Carabobo (norte), Falcón, Zulia (noroeste), así como en instalaciones petroleras de Caracas y La Guaira (norte).
Además, dijo que no hubo órdenes de captura contra estos trabajadores y fueron presentados ante los tribunales hasta un mes después de haber sido detenidos.
«En los tribunales, donde debieron haber sido respetadas sus garantías, no tuvieron tipicidad, a ninguno se les dijo de qué se les estaba acusando expresamente», agregó, al tiempo que dijo que a todos se les impuso defensa pública con los que pudieron conversar después de la audiencia preliminar o meses posteriores.
Por todo esto, Fuentes aseguró que se trata de un caso político por la «violación al debido proceso».
Igualmente, indicó que se reunirán con los diputados opositores de la fracción Libertad, de la cual forma parte Henrique Capriles, y esperan ser recibidos por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien ejerce como coordinador del Programa para la Convivencia y la Paz.
