El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que personas en el extranjero han solicitado que sus casos sean atendidos a través de la Ley de Amnistía, aunque no precisó la cifra total.
«Hemos comisionado, hemos ordenado, a la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía que empiece a atender cualquier caso que provenga del extranjero, cualquier político o política venezolana», declaró Rodríguez a las afueras del Parlamento.
Consultado sobre quiénes han solicitado amnistía desde el extranjero, el diputado respondió que «las leyes no tienen nombres» y añadió que se han recibido solicitudes de personas que «tuvieron una connotada participación en eventos de suma peligrosidad».
«Hay personas que han ejercido la política en el pasado, que también han participado en eventos violentos, en usurpación de funciones, que en este momento están solicitando que la comisión de seguimiento aborde esos casos y los atienda», sostuvo.
Un total de 7.365 personas han recibido libertad plena, a través de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Además hemos recibido algunas solicitudes de ciudadanos que se encuentran en el extranjero, y consideran que pueden ser atendidos sus casos. pic.twitter.com/FWzvLEvvcx
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) March 5, 2026
Rodríguez indicó que la Justicia de Venezuela ha otorgado libertades plenas a un total de 7.365 personas en el marco de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero pasado para los casos de presos políticos, la gran mayoría de ellas a quienes tenían medidas cautelares.
El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Este jueves, familiares de presos políticos en Venezuela exigieron el cumplimiento fiel de la Ley de Amnistía, cuando se cumplen 15 días desde que el Parlamento aprobó este instrumento jurídico, criticado por la oposición y varias ONG al considerar que es excluyente.