Dos meses después de la operación estadounidense que derivó en su captura, la figura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años, se ha ido desvaneciendo en el país, que bajo la tutela de EE.UU. ha priorizado la economía frente a la política en su proceso hacia una transición democrática, dijeron a EFE analistas.
Maduro aparece en mensajes en las redes sociales oficiales y en algunas vallas en las calles de Caracas, principalmente, mientras se han ido espaciando las marchas para reclamar su retorno.
«#Losqueremosdevuelta», es la frase que se repite en publicaciones con la imagen de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en los que hoy se advertía: «Han transcurrido 60 días de su secuestro».
Entretanto, Venezuela ha dado pasos hacia una apertura con la reforma a la ley de hidrocarburos y la aprobación de una amnistía, aunque el proceso hacia una reconciliación total continúa incierto.
De la sorpresa a la incertidumbre política
Para la investigadora Mariana Bacalao, Venezuela «ha vivido una secuencia de ‘si no lo veo, no lo creo’, con cambios que antes del 3 de enero eran simplemente inimaginables» y esa dinámica ha dejado a la población con «expectativa, pero también con una profunda incertidumbre sobre el rumbo político del país», además de percibirse «dos ejes avanzando a velocidades muy distintas».
«Uno que se mueve con rapidez: las dinámicas diplomáticas Miraflores-Washington, los incentivos a la inversión extranjera, especialmente en el sector petrolero, y anuncios para la reactivación económica. Y otro mucho más lento: la recuperación plena de derechos y libertades, el desmontaje del sistema de represión y la lucha contra la corrupción», describió.
El país bajo el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez pasó del anuncio de liberaciones de presos políticos a aprobar en un tiempo breve una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, compuesta por 35 artículos, para atraer inversionistas a un sector señalado como prioritario en la estrategia de Donald Trump.
También se dio vía libre a una Ley de Amnistía para presos políticos que ha permitido otorgar la libertad plena a 6.071 personas, según el Parlamento. Las cifras reflejan la magnitud de las detenciones que organizaciones no gubernamentales vinculan con motivos políticos, aunque las autoridades las atribuyen a delitos comunes.
En ese sentido, Bacalao señala que Venezuela vive hoy «nuevas oportunidades, avances visibles en lo externo y económico, pero incertidumbre en lo político e institucional».
Economía, la brújula
EE.UU., opinó el presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, ha mostrado que su estrategia jerarquiza la economía «muy por encima de la política», pero vista desde «los intereses americanos» y de la oferta de campaña que Trump hizo a sus aliados.
El plan de la Casa Blanca -consideró- parte del «control y desarrollo del sector energético», para avanzar hacia el de minerales, buscar una mejora del marco legal y del perfil de inversión hasta llegar a una estabilización económica.
Este lunes, el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó que ese poder prepara una reforma a la ley de minería para atraer a grandes empresas y consideró prioritaria la recuperación económica tras «un período muy prolongado de sanciones».
Jugadores
En este escenario, León identifica como «grandes jugadores» a Delcy Rodríguez, en quien ve la «bisagra que trata de mantener el orden interno y avanzar», y a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, a quien reconoce un «liderazgo importante, sólido, fuerte, mayoritario frente a la población».}
También incluye al «jugador militar», al advertir que ese sector «no permitiría un cambio que (lo) ponga en peligro» ni a su patrimonio ni a su libertad, en una realidad que, según sostiene, «requiere negociación y sacrificios de todas las partes».
Por su parte, Bacalao considera que un eventual retorno de Machado, quien prevé volver pronto al país tras su salida en diciembre, «sería un termómetro», ya que «si puede entrar y ejercer sus derechos políticos sin restricciones, actuaría como una señal», pero advirtió que de lo contrario podría afectar la «credibilidad» del interinato y «poner en duda» su disposición para un «proceso de democratización».