La Plataforma Unitaria Democrática emitió un comunicado este miércoles, 11 de marzo, con relación a la futura designación del fiscal general de la República y el defensor del pueblo, al denunciar que supuestamente se está «gestando un pacto» irregular para «repartir cuotas de poder«.
«A espaldas del momento político que vive Venezuela y desconociendo, una vez más, lo establecido en la Constitución de la República, se estaría gestando un pacto entre el régimen y sus aliados para repartirse estos nombramientos. El objetivo sería garantizar que quienes resulten designados mantengan su lealtad al poder y su subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad, permitiendo el encarcelamiento de miles de ciudadanos inocentes», dice el texto.
«No más reparto de cuotas de poder: Venezuela exige justicia independiente.
Han transcurrido más de dos décadas durante las cuales los venezolanos hemos padecido las consecuencias de una política sistemática orientada a la cooptación y destrucción de las instituciones del Estado», señala el comunicado al resaltar la necesidad de alertar al país y a la comunidad internacional sobre esta irregularidad en el proceso de designación del fiscal general y el defensor del Pueblo.
Además, remarca como «indispensable» la autonomía del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo para asegurar investigaciones imparciales, garantizar el acceso a la justicia y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
«La Constitución establece que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal en nombre del Estado y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales. En consecuencia, el fiscal general de la República es el funcionario llamado a garantizar que en Venezuela se respete el debido proceso, se investiguen los abusos de poder y se ponga fin a la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política», expone.
Y enfatiza que no se trata de un cargo administrativo más, sino de «una de las piezas fundamentales para reconstruir el Estado de derecho y asegurar que nunca más se utilicen las instituciones para encarcelar, intimidar o silenciar a quienes piensan distinto».
«Por esa razón, la designación de las autoridades del Poder Ciudadano no puede formar parte de acuerdos políticos orientados a preservar cuotas de poder. La independencia de estas instituciones es una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización», insiste.
Asimismo, el texto indica que incluso en el debate internacional sobre Venezuela, se ha señalado que el país atraviesa distintas etapas en el camino hacia la normalización institucional, que implican «estabilización, recuperación y transición democrática».
«En ese contexto, la reconstrucción de un sistema de justicia independiente constituye un requisito esencial para garantizar una verdadera transición política y el restablecimiento pleno de las libertades», argumenta.
Acto seguido, reitera su posición de que la designación del fiscal general y del defensor del Pueblo debe obedecer a un proceso transparente y no «a acuerdos opacos que pretendan prolongar la subordinación de las instituciones» al Ejecutivo.
«Venezuela necesita y exige instituciones verdaderamente independientes, plenamente apegadas al mandato constitucional y al servicio de la ley, de la libertad y de los derechos de todos los venezolanos, y no funcionarios sometidos a un régimen que pretenda perpetuar el control sobre los órganos fundamentales del Estado. El país reclama justicia independiente, respeto a la Constitución y el fin definitivo de la persecución política, finaliza.
