La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela prepara una reforma para permitir la inversión extranjera en el sector de minería, informó este lunes el presidente legislativo, el chavista Jorge Rodríguez.
El diputado afirmó que dentro del plan legislativo se prevé una reforma a la ley que rige la minería para permitir «que empresas extranjeras grandes puedan entrar para la explotación del oro, para la explotación de diamante, para la explotación de las llamadas tierras raras».
Según indicó, en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, difundida en su canal de Youtube, el Parlamento tiene previsto sancionar unas 34 leyes este año, principalmente para que «acompañen» lo que llamó un «proceso de reformulación económica» del Gobierno de la presidenta encargada, su hermana, Delcy Rodríguez.
«Seguramente en la medida de que se esté dando este proceso de revitalización económica, del nuevo orden político, la Asamblea Nacional tendrá que tomar posiciones en leyes relacionadas con la economía, relacionadas con la protección a la gente y relacionadas con la política», añadió el parlamentario.
En este sentido, dijo que la reforma de minería y una ley de aceleración de trámites son lo «más cercano» dentro del cronograma del plan legislativo, además de «algunas leyes políticas», sobre las cuales no dio detalles.
Esta reforma de minería se suma a la reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por la AN y que abrió este sector a la inversión privada y extranjera para la producción petrolera y que, dijo el diputado, hizo «más competitiva» la industria venezolana «a los efectos de que la inversión extranjera fluyera mucho más».
Expropiaciones
Consultado sobre la posibilidad de devolver activos expropiados por el Estado en las últimas dos décadas a empresas privadas, el diputado reconoció que «hubo casos concretos» que fueron errores.
Como ejemplo, indicó que «fue un error» el caso de la empresa Agroisleña, expropiada en el año 2010 por el Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y participada en alrededor de un 80 % por el grupo español Agroinsumos, que en 2016 presentó una demanda por el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
A juicio del parlamentario, en el caso de esta empresa, que consideró fue «uno de los consorcios más grandes en materia de insumos agrícolas», se debió buscar una solución consensuada, y añadió que cree que el Gobierno encargado «ya está trabajando» sobre la posibilidad de la devolución de activos expropiados para este tipo de casos.
Desde la aprobación de la reforma de hidrocarburos, la mandataria encargada recibió en el país al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien selló un acuerdo energético a largo plazo, y ha sostenido encuentros con representantes de petroleras extranjeras, como la española Repsol y la británica Shell.
