SAN JOSÉ.- En apenas dos años, el régimen de Daniel Ortega ha ejecutado la detención de 74 religiosos, de los cuales ha excarcelado y desterrado a 64, en abierta violación a los derechos humanos en el marco de prácticas autoritarias, denunció la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más.
La organización, que reportó que 11 de los detenidos son misioneros evangélicos, afirma en su quinto boletín sobre Libertad de Cultos que “el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado en los dos dos últimos años “la criminalización y las detenciones arbitrarias como herramientas clave en su campaña de represión religiosa”.
La organización, conformada por defensores de derechos humanos de Nicaragua exiliados en Costa Rica, presentó el reporte por su canal de youtube, en el cual evaluaron la crítica situación de los ciudadanos desde que Ortega y Morillo tomaron el poder en 2018.
En el reporte, la ONG afirma que “la estrategia” de la pareja presidencial no solo busca silenciar a los ciudadanos críticos, sino también “desarticular la organización y el apoyo moral que las iglesias y otros actores religiosos brindan a la socieda nicaraguense”.
Sin derechos humanos
«Desde 2018 se han incrementado progresivamente las violaciones contra religiosos y laicos, implementando cada vez más nuevas y más intensas formas de represión, pasando de los discursos de estigmatización e invasión de templos a la prohibición absoluta del derecho de organización, de manifestar públicamente su fe, a las detenciones, destierros y amenazas públicas constantes”, dijo el Colectivo citado por medios.
Indicó que Ortega ha cometido delitos de lesa hunanidad contra los religiosos, tales como deportación o traslado forzoso de población (destierro), encarcelación, tortura, y persecución de un grupo o colectividad.
La ONG precisó que la mayoría de los 74 religiosos detenidos han sido condenados sin garantía del debido proceso, lo que evidenciaría que el sistema judicial responde a intereses del régimen “con leyes represivas para justificar las detenciones arbitrarias y condenas con pruebas fabricadas”.
“Las acusaciones de conspiración y terrorismo son fabricadas, utilizadas como una herramienta política para criminalizar la resistencia pacífica y religiosa. El uso de la tortura psicológica, el aislamiento prolongado, y la falta de acceso a asistencia legal adecuada agravan las violaciones al debido proceso”, puntualizó el boletín entre otras graves irregularidades.
FUENTE: Con información de redes Colectivo Nicaragua Nunca Más
