Los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, en los que murieron varias personas, utilizaron tecnología canadiense, según un informe dado a conocer este lunes.
El informe de la organización pacifista canadiense Project Plougshares señaló que los ataques del 2 de septiembre de 2025 y del 15 de septiembre, en el que murieron alrededor de 14 personas, fueron realizados por EE.UU. con sensores fabricados por la empresa canadiense L3Harris.
Project Ploughshares identificó la tecnología canadiense a partir de la interfaz gráfica incluida en las imágenes de los ataques distribuidas por el Pentágono estadounidense a pesar del intento de las autoridades militares de ocultar su procedencia.
La organización añadió que L3Harris es uno de los mayores productores del mundo de sensores electro-ópticos y de infrarrojos, que son utilizados por las fuerzas armadas de una gran cantidad de países.
En 2020, la organización ya denunció que Turquía había desviado sistemas WESCAM EO/IR «a varias zonas de conflicto en las que se habían documentado violaciones de los derechos humanos», lo que provocó que el Gobierno canadiense suspendiera esas exportaciones.
Project Ploughshares advirtió que tanto observadores de derechos humanos como representantes de la ONU «han determinado que los ataques, que fueron efectuados en aguas internacionales y se dirigieron contra presuntos traficantes de drogas en ausencia de cualquier conflicto declarado, constituyen ejecuciones extrajudiciales».
«Canadá está legalmente obligado a garantizar que la exportación de material militar no contribuya a violaciones del derecho internacional. Pero debido a un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos que data de hace décadas, la mayoría del material militar que Canadá envía a su vecino del sur, incluidos los sensores WESCAM utilizados en estas operaciones, eluden los controles», denunció la organización.
En 2020, la organización ya denunció que Turquía había desviado sistemas WESCAM EO/IR «a varias zonas de conflicto en las que se habían documentado violaciones de los derechos humanos», lo que provocó que el Gobierno canadiense suspendiera esas exportaciones.
Project Ploughshares advirtió que tanto observadores de derechos humanos como representantes de la ONU «han determinado que los ataques, que fueron efectuados en aguas internacionales y se dirigieron contra presuntos traficantes de drogas en ausencia de cualquier conflicto declarado, constituyen ejecuciones extrajudiciales».
«Canadá está legalmente obligado a garantizar que la exportación de material militar no contribuya a violaciones del derecho internacional. Pero debido a un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos que data de hace décadas, la mayoría del material militar que Canadá envía a su vecino del sur, incluidos los sensores WESCAM utilizados en estas operaciones, eluden los controles», denunció la organización.
El grupo señaló que en 2019 Canadá se incorporó al Tratado de Comercio de Armas de la ONU, que impone estrictos controles sobre la transferencia de armas convencionales pero que un acuerdo firmado por Washington y Ottawa hace casi 75 años «exime a la mayoría de las exportaciones militares canadienses a Estados Unidos de la obligación de obtener licencias de exportación».
«Canadá no solo debería cerrar esta laguna legal para cumplir con el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT), sino también establecer los mecanismos de control y equilibrio necesarios para evitar que la tecnología canadiense se vea implicada en futuros usos ilícitos de la fuerza», concluyó.
