La ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico «puede estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que existe un solo mecanismo de verificación independiente», advirtió a EFE la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, quien pidió al Gobierno de Donald Trump «claridad» sobre los más de 80 muertos.
«Los derechos humanos no se desactivan en alto mar, ni por tratarse de operaciones contra el narcotráfico», afirmó Rojas en una entrevista en Bogotá.
La directora adjunta de AI en Venezuela subrayó que la falta de transparencia por parte de la Administración estadounidense limita la capacidad de las organizaciones para monitorear la situación y verificar el respeto de las normas internacionales.
Académica y defensora de derechos humanos, Rojas lleva más de una década estudiando la crisis venezolana desde Colombia y hace un año tiene la dirección adjunta de la ONG para Venezuela, desde donde coordina las respuestas de emergencia y documentación de abusos.
Con un pie en cada país, la activista venezolana insistió en que todos los Estados deben garantizar que sus acciones militares —incluida la lucha contra el narcotráfico— se realicen bajo parámetros claros de legalidad, especialmente cuando se llevan a cabo en aguas internacionales.
Riesgos para civiles y migrantes
Aunque Estados Unidos sostiene que estos operativos están dirigidos contra redes del narcotráfico, Amnistía Internacional advierte que su impacto puede extenderse a comunidades costeras, pescadores artesanales y migrantes que utilizan rutas marítimas para huir de la región.
La organización, cuenta Rojas, ha documentado que parte de la migración venezolana más reciente incluye personas que se desplazan por vías marítimas irregulares, lo que las coloca en riesgo de ser interceptadas en medio de operativos militares en los que no existen mecanismos adecuados de verificación.
«La migración en condición de irregularidad proveniente de Venezuela ya va a llegar a medio millón de personas (desde las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024), y la cifra que está subiendo y la que está alimentando ese grupo es precisamente el ingreso por pasos no regulados», explicó Rojas.
Militarización en el Caribe
La Administración de Trump escaló en los últimos meses una ofensiva contra carteles latinoamericanos a los que consideran terroristas y contra quienes se ha declarado en «conflicto armado directo», bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
El aumento de tensiones comenzó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y se ha extendido a aguas del Pacífico, involucrando también a Colombia, en una ofensiva ordenada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y llamada ‘Lanza del Sur’.
Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
«Nuestra misión es resguardar los derechos de las personas y por eso nuestro enfoque está llevado específicamente a que no se sigan cometiendo ejecuciones», dijo Rojas, quien agregó que Amnistía Internacional no logró contactar con uno de los pocos sobrevivientes repatriados tras los ataques estadounidenses, el colombiano Jeison Obando.
Obando, de 34 años, fue devuelto al país andino el pasado 18 de octubre «con trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con un ventilador», según explicó entonces el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la llegada del connacional.
Al desplegarse en el mar Caribe se sumó este domingo el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, lo que ha elevado aún más la tensión regional. EFE
