Una investigación de la cadena NBC News puso en jaque la justificación principal de la administración del presidente Donald Trump para su controvertida ofensiva militar en aguas latinoamericanas del Caribe y el Pacífico.
Desde septiembre, el Pentágono ha ejecutado 21 ataques letales en el Caribe y el Pacífico oriental, hundiendo una veintena de barcos y causando la muerte de más de 80 personas –muchas de ellas presuntos civiles como pescadores–, bajo el argumento de que cada operación «salva 25.000 vidas» al bloquear el fentanilo y otras drogas que entran a Estados Unidos.
Sin embargo, funcionarios actuales y antiguos del Departamento de Justicia, expertos en narcotráfico y datos de inteligencia contradicen esta narrativa.
La droga sintética responsable del 70% de las sobredosis fatales en EE.UU. –más de 100.000 muertes anuales según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)– cruza casi exclusivamente por la frontera terrestre con México, no por rutas marítimas caribeñas.
El foco de los ataques –donde el 50% se concentran en el Caribe venezolano– apunta a cocaína sudamericana con destino principal a Europa, no a EE.UU.
Campaña «inefectiva»
Un kilo de cocaína se vende por hasta 80.000 dólares en el Viejo Continente, frente a 28.000 dólares en el mercado estadounidense, y con menores riesgos penales, según un funcionario anónimo del Departamento de Estado.
«La cocaína representa el 90 % de las drogas de Venezuela, y casi toda va a Europa», confirmó.
Esta discrepancia logística hace que la campaña sea «inefectiva» contra la crisis de opioides en EE.UU., argumentan los expertos.
La ofensiva, iniciada en agosto con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y miles de marines, responde a la designación de grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como organizaciones terroristas.
Trump defiende los ataques en el Caribe
Trump ha defendido los ataques como «acciones legales contra amenazas a la seguridad nacional», pero aliados de la OTAN como el Reino Unido han suspendido el intercambio de inteligencia por temor a violaciones del derecho internacional, calificándolos de «ejecuciones extrajudiciales».
Expertos como el contralmirante retirado William Baumgartner de la Guardia Costera advierten que la táctica de «disparar a matar» es contraproducente:
«La mayor parte de nuestra información proviene de capturas e interrogatorios; al eliminar tripulantes –a menudo jóvenes reclutados por migajas–, perdemos redes clave». Rahul Gupta, exdirector de política antidrogas de la Casa Blanca, la tilda de «simbólica»: «No desmantela cárteles ni sus finanzas».
