La Administración del presidente Nicolás Maduro acusó este lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de desatender sus deberes para justificar un «colonialismo jurídico» en contra de Venezuela, luego de que ese organismo anunciara el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la falta de «progreso real» con el país suramericano.
«Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda antiVenezuela impulsada desde centros hegemónicos«, indicó la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.
A juicio del Ejecutivo chavista, «es muy obvio» que en el país suramericano no se han cometido crímenes de lesa humanidad y así, sostuvo, lo ha demostrado «en todas las instancias» en un proceso que tachó de «instrumentalizado con fines geopolíticos».
«A pesar de ello, Venezuela, en un claro espíritu de cooperación internacional, se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana», agregó.
Sobre la instalación de la oficina en Caracas, el Gobierno venezolano indicó que a pesar de haber transcurrido siete meses desde su inauguración, la Fiscalía «nunca designó personal para ocupar dichos espacios».
«Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas», apuntó.
La Administración de Maduro dijo que la agenda de la CPI en el país fue «muy clara, desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos».
Este lunes, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó en su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al «compromiso sostenido» mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto», por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país sudamericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.
No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
El fiscal Karim Khan dijo en abril de 2024 que la apertura de esa oficina era una «oportunidad única» para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación suramericana.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
