La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera discusión la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta iniciativa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, surge en el marco de las negociaciones con Estados Unidos para comercializar el crudo nacional.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó la aprobación por «mayoría calificada evidente» durante la sesión plenaria. El legislador justificó la urgencia de estos cambios legales para lograr un «acelerado incremento» en la capacidad de producción del país.
El diputado Orlando Camacho presentó el proyecto ante los parlamentarios y detalló que la propuesta modifica «tres grandes áreas de modificación» de la normativa vigente. El texto incorpora modelos de negocio derivados de la ley antibloqueo creada en 2020 para sortear sanciones.
Bajo este esquema, la nueva legislación introduce contratos donde la empresa operadora «asume la gestión integral a su propio riesgo y costo». Camacho enfatizó que, mediante este formato, el Estado venezolano evita la adquisición de nuevas deudas financieras.
El proyecto también busca reactivar campos petroleros que no cuentan con desarrollo actualmente. El diputado subrayó que estos objetivos requieren de «grandes inversiones» extranjeras para ser técnicamente viables.
Para incentivar la llegada de capitales, la reforma propone «alguna flexibilidad en las regalías» aplicadas a la extracción. Camacho mencionó específicamente la opción de «rebajarlas» como estrategia para «atraer esta inversión en estos campos nuevos».
La propuesta legislativa intenta, además, «aumentar las garantías jurídicas» para los inversores internacionales. Esto incluye la creación de «mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos» fuera de la justicia ordinaria.
La fracción opositora Grupo Parlamentario Libertad decidió salvar su voto durante la discusión del texto. El parlamentario Pablo Pérez criticó la falta de transparencia y exigió la entrega de los proyectos de ley «con anticipación».
Pérez argumentó que los diputados desconocían el contenido exacto de la reforma hasta apenas un día antes del debate. Él insistió en que la ley debe priorizar la «seguridad jurídica», la «apertura al capital privado» y una revisión justa de la «carga tributaria».
El Reglamento Interior y de Debates establece que el Parlamento debe someter el proyecto a una segunda discusión antes de su sanción definitiva. Durante esta fase intermedia, los legisladores aún pueden proponer y aplicar modificaciones al articulado.
Una vez que la Asamblea Nacional sancione la ley, el documento pasará a manos del Ejecutivo para su promulgación oficial. La normativa entrará en vigor legal únicamente tras su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
