Para el Frente Institucional Militar es improcedente, innecesario y carente de validez jurídica el referéndum sobre el Esequibo.
La vigilancia de la Armada Nacional de las áreas marinas y submarinas adyacentes a la zona al Esequibo y la interacción diplomática en busca de la solución al conflicto “se mantuvieron hasta el año 2004, cuando el presidente Hugo Chávez y el canciller Nicolás Maduro autorizaron al gobierno guyanés, publicado y difundido por el mismo gobierno y la prensa nacional e internacional, a realizar las contrataciones que requiriese para aprovechar los yacimientos mineros y petrolíferos que se encontraran en ese territorio”, dice el Frente Institucional Militar (FIM), organización que agrupa a 268 militares en situación de retiro.
SEBASTIANA BARRÁEZ // INFOBAE
Agregan que esa decisión de Chávez y Maduro fue ratificada en el año 2006, que le dio argumentos a Guyana, según lo establece el acuerdo firmado en Ginebra en 1966, “para solicitar decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante la falta de acuerdo en el tiempo y a solicitud de Guyana, ésta decidió pasar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir el litigio”.
Dicen los integrantes del FIM que “la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para emitir decisión lo que nos obliga a reunir mapas, situaciones, recaudos y cualesquiera otras pruebas, debidamente preparadas y argumentadas por juristas, internacionalistas y preclaros estudiosos de la materia, para defender nuestro reclamo y obtener un dictamen favorable a Venezuela en el momento en que se produzca la sentencia de dicha CIJ”.
“El Frente Institucional Militar, y diferentes grupos de oficiales retirados estudiosos y atentos a la controversia limítrofe, consideran improcedente, innecesaria, carente de validez jurídica y de vinculación ante los entes decisorios, y contraria y violatoria de las disposiciones constitucionales y acuerdos internacionales reconocidos y aceptados por el país, toda consulta o referendo que pueda poner en duda la irrenunciable propiedad soberana y la posesión de un territorio, que desde nuestra época colonial, es parte integral de nuestra extensión geográfica y exigen la conformación de los equipos de expertos, que lejos de posiciones políticas o personales, preparen la defensa y exposición de los hechos y elementos históricos que afirman nuestro derecho sobre ese territorio”.
Resaltaron ante lo expresado en la Constitución de la República sobre el mandato que tienen como venezolanos a defender el territorio “mandato irrenunciable, obligante y expedito, ni el Estado ni los venezolanos en general, necesitamos disposiciones especiales para asumir los compromisos que ese deber nos impone, ni requerimos de consultas, preguntas o disquisiciones de cualquier naturaleza para asentir o aprobar lo ya aprobado en nuestra Carta Magna, lo que por ley debemos obedecer, simplemente estamos obligados a conocer los límites y la extensión de nuestro territorio y participar de inmediato cuando, por cualquier razón, se intenta su desmembramiento, entrega o enajenación”.
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