El uso de celulares ilegales en prisiones redefine la supervisión delictiva desde reclusorios. FOTO: CDCR
Un juicio reciente dejó al descubierto una nueva práctica de los reclusos en las cárceles de California, que usan teléfonos celulares ilegales desde sus celdas para orquestar operaciones de tráfico de drogas con jóvenes reclutas a cientos de kilómetros de distancia. La historia comenzó con un intercambio de mensajes entre Carlos Guadalupe Reyes, un recluso que cumple una condena de 54 años por el asesinato de su esposa en 2008, y Miguel Maciel Jr., un joven de 18 años ansioso por ganar dinero.
Por El Tiempo
Una serie de mensajes de WhatsApp salieron a la luz en un proceso penal, los cuales revelan cómo opera el crimen organizado desde las prisiones californianas. De acuerdo con documentos penales rescatados por Los Ángeles Times, los fiscales argumentan que Maciel estaba tratando de obtener un puesto de nivel inicial que ofrecía mucho trabajo por poca remuneración.
En uno de los ejemplos, su ganancia por entregar US$900 en drogas y recoger el pago para su jefe fue de apenas US$50. Los cientos de mensajes mostrados en la corte durante la audiencia preliminar revelaron la coordinación meticulosa entre Reyes, apodado “Wino”, y sus empleados en la distribución de metanfetaminas, cocaína y heroína.
El trasfondo procede de la estructura de la Mafia Mexicana, donde Reyes operaba bajo Gabriel “Sleepy” Huerta. Esta organización, que controla a alrededor de 140 hombres dentro y fuera de las prisiones, solía depender de asociados en las calles para manejar su dinero generado por la venta de drogas y “impuestos” a otras pandillas.
Tecnología permite el “trabajo” remoto a delincuentes encarcelados en California
Con la introducción de celulares ilegales, los líderes encarcelados pueden ahora manejar sus operaciones delictivas de forma remota. El uso de drones y sobornos a personal corrupto facilitan la entrada de estos dispositivos a las prisiones, según testimonios en varios juicios recientes.
La magnitud del problema llevó al departamento correccional estatal a solicitar un aumento de US$1’800.000 en 2020 para combatir la proliferación de teléfonos ilegales, con un aumento significativo en las incautaciones de 2.811 en 2008 a 13.450 en 2019.
Reyes, a pesar de estar tras las rejas, parecía tener un acceso aparentemente ilimitado a estos teléfonos. Los fiscales alegan que éste coordinaba entregas de drogas a empleados como Maciel, quien luego distribuía las sustancias en cantidades más pequeñas a revendedores de nivel inferior.
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