Durante su permanencia en la FANB, el teniente Ronald Ojeda Moreno optó por cumplir su juramento de defender el país y la Constitución y, por ello denunció los vínculos del Alto Mando Militar, DGCIM y de personeros del gobierno de Maduro con la guerrilla colombiana, grupos organizados de delincuentes y de cómo los manuales de torturas, dictados desde Cuba, se aplican en Venezuela.
Por Hernán Lugo-Galicia / LaRazon.Net
Aunque hubo una planificación previa en el secuestro del teniente Ronald Ojeda, un error condujo a desaparecerlo, en un intento por ocultar el crimen: No pudieron llegar a la frontera y sacarlo a rumbo a Bolivia, debido a que fueron denunciados y se armó un escándalo internacional que activó las alarmas en Chile y los países vecinos.
La extracción del oficial puso en tela de juicio la seguridad de Chile, las intenciones reales del acuerdo de “cooperación” entre los gobiernos de Venezuela y el chileno y la fragilidad de aquellos cientos de militares o policías que han pedido asilo político en América Latina.
“El asesinato del oficial es resultado del error inicial y, ante esta situación, alguien paga”, lamentó un alto oficial retirado, que siguió el caso desde el 21 de febrero cuando Ojeda es sacado a la fuerza de su residencia en Chile y, posteriormente, asesinado a las pocas de la extracción. “Unos 7 o 10 días de la muerte”, dijo el funcionario chileno, sobre las experticias hechas en la localidad de Maipú por la PDI y ECoh.
En esa dirección, expresó su inquietud el comisario Iván Simonovis en su cuenta X. Indicó que no tenía sentido una “operación tan complicada” para luego asesinarlo: “Por las prontas medidas que tomó el gobierno de Chile se hacía imposible sacar a Ojeda así que el gobierno de Venezuela ordenó la ejecución del teniente Ojeda”.
Muerte por conveniencia
Una eventual liberación del teniente implicaba, no sólo que se confirmara la intervención de agentes de la DGCIM en suelo extranjero, sino que se conocería con nombres a los responsables o autores intelectuales del secuestro y de una serie de crímenes contra la disidencia venezolana, una de las tesis que maneja el general retirado, Antonio Rivero.
Rivero observa una participación del gobierno de Nicolás Maduro, a través de la inteligencia militar, con la participación de la delincuencia organizada presente en Chile, como es el Tren de Aragua.
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