Brasil y Colombia, países aliados de Nicolás Maduro, se unieron a la ola de críticas de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países sobre el proceso electoral en Venezuela. Ambos países señalaron que las elecciones del 28 de julio son una oportunidad para fortalecer la democracia en el país, tal como se acordó en Barbados.
Estas reacciones de la comunidad internacional se producen un día después de que finalizara el período de inscripción de candidatos en Venezuela. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció impedimentos para postular a su candidata, Corina Yoris, quien fue elegida debido a la inhabilitación de María Corina Machado. Sin embargo, la PUD informó provisionalmente la inscripción de Edmundo González Urrutia, quien podrá ser reemplazado a partir del 1 de abril, siempre y cuando no tenga ninguna sanción administrativa o impedimento contemplado por la ley, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) acepte la candidatura de reemplazo.
El gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien pidió a Maduro que convocara elecciones, expresó su preocupación y señaló que el desarrollo electoral no es compatible con los compromisos del acuerdo de Barbados firmado el año pasado. La cancillería brasileña afirmó que la candidata propuesta por la Plataforma Unitaria, una fuerza política de oposición, fue impedida de registrarse a pesar de no tener decisiones judiciales en su contra, lo cual va en contra de los acuerdos de Barbados. Brasil se mostró dispuesto a cooperar con la comunidad internacional para que las elecciones en Venezuela sean un paso firme hacia la normalización política y el fortalecimiento de la democracia en el país.
El gobierno de Colombia también expresó su preocupación por las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de la oposición para inscribir a sus candidatos presidenciales, especialmente la PUD y el Movimiento Vente Venezuela. Colombia considera que estas decisiones pueden afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral en Venezuela.
El gobierno venezolano rechazó las declaraciones de Brasil y Colombia y afirmó que responden a indicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, estas declaraciones buscan minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre los países. Además, acusó al gobierno de Gustavo Petro de complacer los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Estados Unidos también exigió al gobierno de Maduro que respete el derecho de todos los candidatos a postularse en las elecciones y expresó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir el registro de la opositora Corina Yoris. La Casa Blanca instó a los representantes de Maduro a permitir que todos los candidatos se postulen y afirmó que está trabajando con otros miembros de la comunidad internacional para garantizar elecciones inclusivas y competitivas en Venezuela.
La Unión Europea manifestó su profunda preocupación por el proceso irregular que está impidiendo la participación de la oposición en las elecciones y urgió a las autoridades venezolanas a proteger los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Ante esta declaración, el gobierno de Venezuela advirtió que tomará decisiones importantes respecto a su relación con la Unión Europea, a la que acusó de seguir la política exterior de Washington e intervenir en los asuntos internos del país.
Varios líderes latinoamericanos también expresaron su preocupación por la situación en Venezuela. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, alertó que el bloqueo constante a la candidatura unitaria de la oposición consolida un sistema antidemocrático. Por su parte, el canciller de Uruguay, Omar Paganini, afirmó que Venezuela se está convirtiendo en una dictadura y que el proceso electoral se ha desvirtuado por completo.
En resumen, Brasil y Colombia se sumaron a las críticas internacionales sobre el proceso electoral en Venezuela. Ambos países manifestaron su preocupación y señalaron que las elecciones del 28 de julio son una oportunidad para fortalecer la democracia en el país. El gobierno venezolano rechazó estas declaraciones y las atribuyó a indicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron su preocupación y exigieron respeto por los derechos civiles y políticos en Venezuela. Varios líderes latinoamericanos alertaron sobre la consolidación de un sistema antidemocrático en el país.
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