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El Congreso de Perú está acelerando la aprobación de leyes que afectarían la independencia judicial y debilitarían las investigaciones contra las violaciones de derechos humanos y el crimen organizado, dijo el miércoles Human Rights Watch.
La organización de derechos humanos, en un comunicado fechado en Washington, recomendó en tal sentido a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debatir la situación en Perú durante su asamblea general que se celebrará en Paraguay del 26 al 28 de junio.
A inicios de este mes, una comisión legislativa del Congreso peruano aprobó una reforma constitucional que eliminaría instituciones judiciales clave y debilitaría la independencia de las autoridades electorales. También una ley que podría frenar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la lucha contra grupos rebeldes a finales del siglo pasado.
Según la legislación peruana, las reformas constitucionales deben aprobarse en dos períodos legislativos. El actual período termina el 15 de junio y el próximo comienza a fines de julio.
«Es probable que estas medidas tengan graves consecuencias para todos los peruanos, permitiendo que el crimen organizado se expanda y dificultando que las personas reciban protección cuando se violan sus derechos», dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Si la reforma sobre las autoridades judiciales y electorales es aprobada por el Congreso esta semana, y de nuevo en el próximo período legislativo, la independencia y «la legitimidad de futuras elecciones estarían gravemente amenazadas», agregó.
El Congreso podría asimismo sancionar una ley con una segunda votación que permitiría la prescripción de los «delitos de lesa humanidad» cometidos antes de noviembre del 2003, con la cual podría enterrar investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000.
Esta ley fue promovida por legisladores del partido de la hija del exmandatario Alberto Fujimori, liberado a fines del año pasado tras un cuestionado indulto luego de estar 16 años en prisión por abuso a los derechos humanos a fines del siglo pasado.
Fujimori tiene pendiente un juicio en que se le acusa de «autor mediato» del homicidio de seis campesinos en 1992, durante los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad contra rebeldes de Sendero Luminoso, delito considerado de lesa humanidad.
Fernando Rospigliosi, del partido fujimorista Fuerza Popular y autor de la iniciativa, afirmó que actualmente unos 800 militares que están siendo investigados «injustamente» por el presunto delito de crímenes de «lesa humanidad», mientras que otros 36 militares ya fueron sentenciados y cumplen condena.
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