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La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió el jueves a Perú suspender «inmediatamente el trámite” de un proyecto de ley que, de aprobarse, impedirá juzgar y condenar por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a quienes hubieran cometido delitos antes de 2002, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori.
El más alto tribunal regional en derechos humanos indicó en un comunicado que la suspensión del trámite debe ocurrir hasta que esa Corte cuente con “todos los elementos necesarios” para pronunciarse sobre el impacto que tendrá este proyecto de ley sobre un caso emblemático en Perú conocido como Barrios Altos y La Cantuta, llamados así por el nombre de las zonas limeñas en donde ocurrieron los hechos.
Por este caso, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), pagó 17 años de prisión —a pesar de que fue condenado a 25— como autor mediato en el asesinato de 25 peruanos entre 1991 y 1992, un crimen que también fue calificado por la Corte Suprema peruana como de “lesa humanidad”.
Los familiares de las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta solicitaron a la Corte Interamericana que ordene a Perú interrumpir el trámite de la aprobación de la controvertida ley.
Perú y los familiares de las víctimas están convocados el lunes 17 de junio a una audiencia en la Corte para que el alto tribunal analice qué medidas puede tomar para evitar que la posible ley afecte el derecho a alcanzar justicia de las víctimas.
La iniciativa legislativa, aprobada en primera votación la semana pasada, también ha sido cuestionada por la fiscalía que advirtió que 550 víctimas, la mayoría campesinos indígenas, no obtendrán justicia si el Congreso aprueba el proyecto.
Perú vivió un conflicto armado interno con miles de muertos entre 1980 y 2000, que derivó en decenas de procesos investigaciones y procesos judiciales contra decenas de militares por la comisión graves delitos.
La fiscalía indicó en un comunicado que el proyecto de ley es “inconstitucional” e incompatible con la jurisprudencia en derechos humanos y el derecho internacional, pues “los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal”.
“El referido proyecto de ley resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”, dijo la fiscalía.
Según la fiscalía, el proyecto de ley también favorecería al expresidente Fujimori, de 85 años de edad, que está siendo juzgado por el asesinato de seis campesinos, ocurrido en 1992, en el distrito de Pativilca, al norte de Lima. La fiscalía imputa a Fujimori por la autoría mediata en las muertes —entre ellas las de un adolescente de 17 años— ejecutadas con su conocimiento por militares que asesinaban extrajudicialmente a presuntos miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, y pide 25 años de cárcel para el expresidente.
Un reciente informe de la fiscal coordinadora en derechos humanos indicó que la iniciativa legislativa provocaría que unos 600 casos, entre investigaciones y procesos judiciales, tendrían que ser archivados o concluidos por prescripción, es decir, se extinguiría responsabilidad penal por el paso del tiempo y los casos quedarían impunes.
Las investigaciones fiscales o juicios que serían afectados por la iniciativa se refieren a matanzas, torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas —sobre todo de campesinos indígenas de los Andes y la Amazonía— en los que están imputados decenas de militares del ejército y la marina de guerra.
El informe de la fiscalía indica que entre los asesinados había embarazadas, adolescentes, niños e incluso bebés.
El controvertido proyecto de ley avanzó la semana pasada con los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), también por los votos de militares retirados y de legisladores conservadores.
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