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Diez alcaldes opositores fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, según la página del organismo electoral de Venezuela que no expone mayores detalles.
“Este elector (a) presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente”, aparece en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando se introduce el número de cédula de cada uno de los alcaldes.
Los ocho alcaldes del estado Trujillo, en el suroeste de Venezuela, son: Heriberto Tapia (municipio Motatán), José Carrillo (municipio Urdaneta), Dilcia Rojas (municipio Campo Elías), Keiver Peña (municipio Sucre), Cervando Godoy (municipio Márquez Cannizales), Wilmer Delgado (municipio Monte Carmelo), Yohanthi Domínguez (municipio Carache) y Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello).
Los alcaldes del estado Nueva Esparta, al norte del país, Iraima Vásquez (municipio Tubores) y José María Fermín (municipio Villalba), también fueron inhabilitados.
El sistema de la la Contraloría General de la República (CGR) arroja un mensaje que indica que los alcaldes están inhabilitados para ejercer cargos públicos por 15 años.
“¿No es que no me tienen miedo? Qué manera de enterarme de una decisión que no pasó por ninguno de los canales regulares. ¡Una barbaridad!”, escribió el alcalde Heriberto Tapia de Motatán junto a la captura de pantalla de la publicación del CNE.
El aspirante presidencial, Edmundo González Urrutia, que la semana pasada sostuvo una reunión con ocho de los alcaldes inhabilitados, aseguró que la medida fue tomada por apoyar su candidatura.
“Nuestro respaldo a los 10 alcaldes de Trujillo y Nueva Esparta injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura. La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente”, escribió el miércoles en su cuenta en X.
La líder opositora María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, condenó los «atropellos» asegurando que el gobierno se equivoca si creen que intimidarán a los alcaldes.
«Entiéndanlo: ESTO YA CAMBIÓ. Los alcaldes (de todos los partidos) lo saben. Quien se oponga a este movimiento popular será realmente inhabilitado, por el pueblo», reaccionó en su cuenta en X.
Una inhabilitación política es una sanción contra funcionarios públicos que cometen irregularidades en su gestión y les impide, por un tiempo determinado por las autoridades, ejercer cargos públicos. En Venezuela han sido consideradas como una maniobra del gobierno para «sacar de juego» a políticos opositores o chavistas disidentes que buscan un cargo de elección popular.
Diversas inhabilitaciones, entre ellas la de Machado, han sido administrativas, a través de la CGR y cuestionadas por no darse mediante un proceso judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las inhabilitaciones administrativas argumentando que solo puede inhabilitarse mediante condena de un juez, con garantía del debido proceso.
En abril, cuatro políticos opositores venezolanos, entre ellos dos alcaldes en funciones y potenciales candidatos para las elecciones regionales y municipales que deberían celebrarse el año próximo, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos entre 12 meses y 15 años.
Machado, quien se encuentra recorriendo Venezuela en campaña por Edmundo González, ha denunciado en horas recientes una nueva «ola de represión» contra la oposición, tras la detención de cuatro dirigentes y miembros de equipos de prensa de partidos políticos.
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