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Cientos de exparamilitares que participaron de la guerra civil de Guatemala entre 1960 y 1996 cerraron carreteras en varias partes del país en reclamo de un pago por sus servicios durante el conflicto.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial informó que el miércoles se registraron unos 15 tramos bloqueados en al menos 10 de los 22 departamentos del país.
En la capital guatemalteca los exparamilitares se apostaron en varios puntos, incluidos el Congreso, el Ministerio de Finanzas Públicas y frente a la embajada de Estados Unidos.
El 12 de octubre de 2022 el Congreso aprobó una ley que establecía un pago de 1.000 quetzales mensuales (unos 130 dólares) por 36 meses a los llamados Patrulleros de Autodefensa Civiles (PAC). Según los exparamilitares este año sólo han recibido dos pagos.
El presidente Bernardo Arévalo dijo en conferencia de prensa que hay conversaciones con los líderes de los bloqueos para tratar de convencerlos de liberar las carreteras.
“El gobierno les ha dicho que nosotros el dinero lo tenemos en caja, pero como el gobierno anterior no dejó los mecanismos (para hacer los pagos), no se les puede pagar a menos que el Congreso en ampliación presupuestaría nos permita hacerlo”, dijo Arévalo.
Los PAC eran grupos de civiles que fueron usados por militares, algunos a la fuerza, para ejercer tareas de control de poblaciones y territorios. Algunos han sido llevados ante la justicia por crímenes contra la población civil.
La víspera la Corte de Constitucionalidad falló que el gobierno debe garantizar el libre ejercicio de manifestación y en caso de ser necesario habilitar carriles exclusivos para los manifestantes, a la vez que limitó el uso de la fuerza contra la protesta.
Según un informe de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado de Guatemala sobre lo ocurrido durante el conflicto armado, esas patrullas llegaron a tener 900.000 integrantes.
La guerra civil en Guatemala dejó como saldo unos 200.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos, de acuerdo con un informe realizado por Naciones Unidas.
El documento del arzobispado estableció que las patrullas paramilitares fueron responsables de casi una de cada cinco masacres ocurridas en el país —más de 600 en total—.
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