LIMA.- La Fiscalía de Perú solicitó una condena de 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, excandidata presidencial y líder del partido Fuerza Popular. Esta solicitud se enmarca en el juicio por lavado de activos vinculado al escándalo de corrupción Odebrecht, que afectó a varios altos cargos en Perú.
El fiscal José Domingo Pérez, al presentar la acusación, detalló que Fujimori está imputada por recibir fondos ilegales para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016. Además de lavado de activos, se le acusa de crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsedad en declaraciones administrativas. «En total la pena concreta para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi solicitada por el Ministerio Público es de 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad», manifestó Pérez.
Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori, también podría enfrentar una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos, lo que afectaría su carrera política de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La audiencia fue suspendida hasta el miércoles, tras tres horas y media de sesión, por la jueza Juana Caballero.
La acusada, quien no asistió a la audiencia, pasó previamente 16 meses en prisión preventiva, imputada por recibir 1,2 millones de dólares de Odebrecht. A pesar de estas acusaciones, Keiko ha mantenido su inocencia, y su defensa alega que los fondos recibidos eran de origen lícito.
El caso contra Keiko y más de 40 coacusados involucra a 1.500 testigos y podría prolongarse por más de un año. Entre los coacusados se encuentra su exesposo, Mark Vito Villanella, para quien el fiscal también ha pedido 20 años de prisión.
La trama de Odebrecht salpicó a cuatro expresidentes peruanos, incluyendo a Alan García, quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido. En este contexto, el juicio de Keiko se convierte en un evento clave para la política y la justicia en Perú, generando divisiones entre sus simpatizantes y opositores, quienes se manifestaron pacíficamente en las afueras del tribunal.
La defensa de Keiko, liderada por la abogada Giulliana Loza, confía en que el caso terminará en absolución, argumentando la legalidad de los fondos recibidos. Mientras tanto, la sociedad peruana sigue de cerca un juicio que podría redefinir el panorama político del país.
FUENTE: Con información de AFP
