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Un juzgado en El Salvador condenó a miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que alcanzan hasta los 1.420 años de cárcel, por crímenes efectuados entre 2018 y 2019, según comunicó la Fiscalía General de la República el lunes.
Ángel Geovany Guzmán González, miembro de la pandilla, fue sentenciado a 1.420 años tras ser hallado responsable de siete asesinatos, 37 casos de extorsión agravada y 25 intentos de homicidio, incluyendo planes contra nueve militares.
Hugo Alexander Arqueta Bonilla recibió 764 años de prisión por múltiples delitos, incluyendo homicidio agravado y extorsión agravada. Otro pandillero, Carlos Eduardo Díaz Rodríguez, fue condenado a 567 años por delitos similares, mientras que Ana Ruth Segovia Merino recibió una pena de 148 años por sus crímenes.
La fiscalía señaló que los 48 acusados tenían órdenes de eliminar a policías y militares. Las víctimas de extorsión eran principalmente transportistas y comerciantes de San Miguel, ubicado a 135 kilómetros de la capital, a quienes se les demandaba grandes sumas de dinero bajo amenaza de muerte.
Además, el informe del Ministerio Público reveló que se exigieron 10.000 dólares a una víctima para financiar la defensa legal de pandilleros detenidos.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador ha implementado un estado de excepción como medida contra la criminalidad pandillera, lo que ha suspendido derechos esenciales y ha generado críticas por parte de entidades de derechos humanos.
El gobierno ha arrestado a más de 85.000 personas bajo esta política, aunque muchos aún no han recibido sentencia. La administración ha admitido la liberación de más de 7.000 individuos por insuficiencia de pruebas.
En 2012, Estados Unidos catalogó a la Mara Salvatrucha como una organización criminal internacional y, en 2015, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró como grupo terrorista, junto a la pandilla Barrio 18.
Las maras han sido una fuerza disruptiva en El Salvador por más de tres décadas, participando en narcotráfico y crimen organizado, además de extorsionar a empresas de transporte y asesinar a quienes desafían sus exigencias.
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