Es esa una idea con la que se sale de Alcatraz (California, EEUU), la ‘cárcel final’, la reja federal en la que acababas no cuando rompías las reglas y te tocaba ir a prisión, sino cuando rompías las reglas de la prisión y te tocaba el sitio infernal de máxima seguridad antes de ir al ‘verdadero infierno’.
La misma idea se repite en el Presidio Modelo (Isla de Pinos, Cuba), cárcel-panóptico construida en los años veinte del siglo pasado, a semejanza de una penitenciaría estadounidense en Illinois, donde la sensación de vigilancia ha de haber sido abrumadora.
En escenarios que funcionaron alguna vez como prisiones superlativas, se suele describir con facilidad a los legendarios criminales y anotar nombres como Alcapone, a quienes la historia coloca como antihéroes sin demasiada disputa.
No es extraño ni carente de sentido porque muchos de quienes, como él, terminaron en sitios así, llevaban en sus espaldas una sarta de crímenes que habrían de ponerlos en deuda perenne con la humanidad.
Pero apuntar fácilmente a los reclusos como criminales y a los carceleros como salvaguardas del orden, equivalentes a héroes, no es siempre una certeza.
No en escenarios en los que el sino carcelario se desprende, sobre todo, de la ‘razón’ política y, por lo tanto, se invierte el sentido de quiénes son los héroes y quiénes los criminales.
Entre los muros de ciertas prisiones no quedan a salvo estos postulados. Más allá de Alcatraz y el Presidio Modelo -de la que se llamó en diferentes épocas Isla de las Cotorras, Colonia Reina Amalia, Isla de los Piratas, Isla del Tesoro, Isla de los Deportados, Isla de Pinos o Isla de la Juventud-, en los marcos de prisiones menos extravagantes, que por sus nombres pasarían completamente desapercibidas (Kilo 8, Tarea Confianza, Jóvenes del Cotorro, Canaleta, El Pitirre, Combinado del Este, Taco Taco, la Pendiente, Guamajal, Mar Verde, La Granjita), aguardan héroes del tipo anónimo, hombres y mujeres desconocidos que se lanzaron a las calles el día 11 de julio de 2021, arrastrados por el atisbo de la libertad que jamás tuvieron.
Quizás, por no calzar los zapatos del héroe tipo, la repercusión de sus pasos se ha visto limitada, pero la fuerza de un exilio que apoya la causa de los presos políticos y exige en foros internacionales su liberación, los respalda.
El pueblo, a estas alturas, tampoco encuentra dilema alguno para identificar a sus verdaderos criminales en el esquema corrupto e ilegítimo que promueve una dictadura.
Tres años después
Hoy en día, tres años después del estallido popular del 11J, más de 600 personas permanecen privadas de libertad por protestar pacíficamente en Cuba.
Con este titular varias organizaciones de derechos humanos lanzaron una declaración en la que explican que, aun cuando han transcurrido tres años de estas históricas manifestaciones, la situación en el país no ha mejorado y, por tanto, apuntan, esto ha resultado en el incremento de violaciones de derechos.
“Tan solo entre enero y febrero de 2024, las organizaciones de la sociedad civil independiente reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerca de 300 acciones represivas contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos”, se lee en la declaración publicada la víspera del aniversario del 11J, que también ha generado numerosas publicaciones en redes sociales, especialmente de personas que se manifestaron en aquel momento y lograron luego salir al exilio desde donde se pueden expresar libremente y recordar la fecha con imágenes y mensajes de apoyo.
Sus historias hablan del exilio forzoso al que los empujó el régimen cubano para acallarlos. De acuerdo con el informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 340 mil nacionales de Cuba salieron de su país en 2022, el año posterior a las protestas que colocaron igualmente, a cientos de personas, en situación de cárcel por motivos políticos.
Represores
Mientras tanto, algunos de quienes se han comportado como represores en casos directamente vinculados al 11J, han pretendido, al llegar a territorio estadounidense, beneficiarse de asilo u otros alivios migratorios. Sus propias víctimas les han denunciado mediante organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación e instituciones.
Asimismo, un comunicado emitido en junio último por la organización Prisoners Defenders exalta una “condena contundente” por parte de la ONU a las detenciones del 11j en Cuba, con lo cual “exige una indemnización y la liberación de 17 encausados por “sedición” en un solo dictamen condenatorio, algo sin precedentes con Cuba.
Entre ellos se encuentran el ciudadano alemán Luis Frómeta Compte, y un joven con discapacidad mental reconocida oficialmente, Walnier Luis Aguilar Rivera.
El grupo investigativo Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) condena también la condición de represaliados por discriminación de opinión de todos estos manifestantes del 11J, declarando que los manifestantes estaban en el uso de su libertad de expresión y de reunión pacíficas”.
Más reciente aún es un reclamo de Cuba-Demanda fundado en la confesión de tres juezas de instancia de participar en una conspiración contra la ley para condenar a cuatro años de prisión a cuatro inocentes por mandato de la autoridad represora Seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba.
La organización exige la apertura a trámites de la nulidad de todas las actuaciones de la causa 2/2024 y expediente 596/2023 (debido al control de la Seguridad del Estado cubana) y la inmediata liberación de los condenados.
Aunque para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, los mecanismos del régimen se intensifican, acciones como las descritas sirven de parapeto ante el desamparo. La única manera de continuar es la resistencia, ante un panorama de escalada de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, la vigilancia, las citaciones ilegales y las amenazas, entre otras prácticas sistemáticas que denuncian organizaciones como Justicia 11J.
“La política estatal, basada en la represión y el amedrentamiento constante a la población, requiere acciones urgentes para cesar estas violaciones a sus derechos humanos”, indican en su declaración con motivo del tercer aniversario del 11J, por lo que llaman “al Estado de Cuba” a que “respete, proteja y garantice los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo” y exigen “la liberación de las personas privadas de libertad por ejercer su sus derechos civiles y políticos”.