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Griselda Ascanio mantiene un improvisado fogón a leña en su patio trasero en Maracay, a 120 kilómetros de la capital de Venezuela, listo para enfrentar las frecuentes interrupciones en el suministro de gas que le impiden cocinar.
«No nos podemos echar a morir», dice la administradora de 44 años, que apila las ramas que van cayendo de sus árboles.
Si bien se sienta sobre la octava mayor reserva de gas natural del mundo y la más grande de América Latina, Venezuela ha visto caer su producción a unos 4.000 millones de pies cúbicos por día (mmpcd) este año, desde casi 8.000 mmpcd en 2016, según datos de la consultora Gas Energy Latin America.
La reactivación de la producción aseguraría un suministro interno extendido y más confiable, y también generaría una muy necesaria fuente de ingresos en divisas y podría aliviar la futura insuficiencia del recurso que empieza a preocupar a los países vecinos.
El dilema constituye una discusión clave a medida que se acercan las elecciones presidenciales del domingo, cuyo ganador enfrentará la difícil tarea de asegurar inversiones para la industria del gas.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha insistido en ofrecer proyectos de gas a empresas extranjeras desde el año pasado, pero deudas impagas por largo tiempo a muchas compañías, sanciones por parte de Estados Unidos y la enormidad de las inversiones requeridas han limitado el progreso.
La principal coalición de la oposición, representada por Edmundo González en la votación, ha propuesto expandir radicalmente el papel del sector privado al tiempo que negociaría la reestructuración de hasta 150.000 millones de dólares en deuda externa, algo que, según analistas, requerirá años de esfuerzo.
«Nadie va a producir gas masivamente en Venezuela en estas condiciones», dijo Antero Alvarado, socio director de Gas Energy Latin America, que agregó que hay interés inmediato en proyectos de pequeña escala para la construcción de sistemas de captura, almacenamiento y transporte de gas.
Un histórico desinterés en los recursos gasíferos del país, sumado a falta de inversión, mala gestión de la estatal PDVSA y, más recientemente, las sanciones, han obstaculizado el desarrollo de la industria, provocando una frecuente escasez del combustible para cocinar, generar electricidad y suministrar a plantas petroquímicas y a clientes industriales.
El gas que Ascanio recibe intermitentemente en su casa no llega por ductos, sino en cilindros cuya distribución está a cargo de los denominados «consejos comunales», que son controlados por el gobierno. Ese propano subsidiado se encuentra entre los combustibles más caros de producir en las refinerías de PDVSA. En ocasiones, la estatal incluso lo importa.
PDVSA y su filial de gas no respondieron a solicitudes de comentarios.
Los casi 200 billones de pies cúbicos (tcf) de reservas probadas de gas de Venezuela permanecen en su mayoría sin desarrollar.
Debido a que el 80 % de la producción de gas de Venezuela está asociada a la producción de crudo, la quema de gas en áreas petroleras como el norte Monagas, cerca de la costa nororiental del país, necesita acción inmediata según expertos.
En los últimos cinco años, ese gas liberado al ambiente ha superado los volúmenes comercializados por los productores, convirtiendo al país en uno de los mayores emisores de gas natural no procesado del mundo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).
Venezuela fue el decimoséptimo mayor emisor de metano por quema y fugas en 2022, según la Agencia Internacional de Energía.
El gobierno de Maduro ha mantenido hasta ahora conversaciones inconclusas con empresas europeas, incluidas Repsol, Eni y Shell, sobre un proyecto intensivo en capital para recuperar hasta 1,5 billones de pies cúbicos de gas que actualmente se desaprovechan.
Costa afuera, grandes proyectos de exploración y producción de gas siguen mayormente estancados, especialmente el enorme Mariscal Sucre con 12 billones de pies cúbicos de reservas, que tiene sólo uno de sus cuatro campos en negociación con Shell y NGC de Trinidad y Tobago para un desarrollo conjunto que podría inaugurar producción a finales del próximo año.
Con la ayuda de una ley de gas flexible que requiere menos trámites burocráticos que los proyectos petroleros, el gobierno venezolano ha iniciado conversaciones para ofrecer un segundo campo del proyecto Mariscal Sucre, el Río Caribe, para inversión extranjera, según fuentes familiarizadas con el plan.
«Estamos abiertos a que compañías extranjeras vengan a Venezuela», dijo a periodistas el mes pasado el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, refiriéndose a proyectos energéticos tras la reanudación por parte de Washington de la emisión de licencias para desarrollos específicos en Venezuela.
Pero muchos productores de gas en Venezuela ya no tienen los medios para aumentar la producción a menos que PDVSA pague primero las deudas acumuladas, dijeron ejecutivos del sector.
En lo que sería un giro de 180 grados con respecto a la política actual, la oposición quiere reabrir la industria energética a la inversión extranjera mediante privatizaciones, al tiempo que limitaría el papel de PDVSA y organizaría un proceso de reestructuración de deuda que podría incluir pagar a algunos acreedores con petróleo venezolano.
La estrategia rompería con dos décadas de nacionalizaciones que han concentrado casi toda la producción, transporte, procesamiento y ventas de petróleo y gas en manos del Estado, creando una larga cadena de deudas entre empresas estatales.
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