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CARACAS.- Han sido años de políticas erradas que han incidido negativamente en el poder adquisitivo de los venezolanos “por lo que el argumento oficial de que la causa de la destrucción del valor del trabajo son las sanciones, no convence a casi nadie”, dijo el experto laboral León Arismendi.
En su criterio, existe una coincidencia en el mundo laboral venezolano de que “la oportunidad de lograr las soluciones podría darse el próximo 28 de julio, con la celebración de las elecciones presidenciales”, porque solo se ve una solución con un cambio de timón.
La necesidad de un cambio de estrategias para que los problemas laborales sean debidamente atendidos, ha sido abordada por parte de la clase trabajadora, así como la clara debilidad institucional para resolver los conflictos en el contexto de una relación natural obrero-patronal.
«Los sindicatos no acuden a las Inspectorías del Trabajo porque saben de antemano que sus reclamos no serán atendidos. Los pliegos de peticiones, conciliatorios o conflictivos no se tramitan si el denunciado es un ente público», agregó Arismendi.
“La depauperación de sueldos, salarios y pensiones está en el centro de los conflictos laborales en Venezuela, de acuerdo con la data recopilada por el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN) lo que alienta el cambio este 28 de julio», sentenció el jurista.
Arismendi, director del INAESIN puntualizó que la política salarial del gobierno tiene un rechazo generalizado “y no es para menos, ya que, entre otros aspectos, el salario mínimo está congelado desde marzo de 2022 en lo que hoy apenas representa $3,55 al mes. En consecuencia, las escalas y los beneficios que se calculan con base a esa referencia legal se han visto afectados».
Dijo, además, que 70% de las protestas de los trabajadores tienen el componente salarial como centro de atención en sus reclamos, de acuerdo a las cifras consolidadas del Observatorio de Conflictos del primer semestre.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 2.383 protestas durante el primer semestre de 2024, equivalente a 13 diarias en todo el territorio nacional, siendo los principales motivos de protestas:
- Salario digno ajustado a la realidad económica dolarizada del país.
- Respeto a la libertad sindical, derecho a la asociación y manifestación pacífica.
- Rechazo a detenciones arbitrarias.
La falta de independencia y autonomía del sindicalismo oficial, que parece confundir las políticas del gobierno con los intereses de los trabajadores, tampoco contribuye a la búsqueda de soluciones. Esta es una de las razones que mantiene paralizada la revisión de convenciones colectivas, lo que acentúa el descontento, señaló el Director del INAESIN.
“Han sido años de políticas erradas que han incidido negativamente en el poder adquisitivo de los venezolanos, por lo que el manido argumento oficial, de que la causa de la destrucción del valor del trabajo son las sanciones, no convence a casi nadie”, concluyó Arismendi.
FUENTE: Observatorio de Conflictos / INAESIN / Consulta abogado León Arismendi
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