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El gobierno guatemalteco denunció el “secuestro” del padrón electoral por parte de la fiscalía guatemalteca que investiga, a través de varios procesos judiciales, los resultados de las elecciones de 2023 en el país, que le dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo.
Santiago Palomo, secretario de comunicación de la presidencia, dijo el lunes en conferencia de prensa que el “secuestro” del padrón electoral era una “grave e injustificable intromisión”.
“Registra datos sensibles de la ciudadanía que se podrían usar ilegalmente para fines espurios”, dijo Palomo.
Blanca Alfaro presidenta del Tribunal Supremo Electoral, también confirmó en conferencia de prensa que la fiscalía se llevó el padrón electoral que por ley custodia esa institución.
“Se dio un requerimiento (por parte de la fiscalía) en informática para poder hacer un análisis de campo, entendemos dentro de las investigaciones”, dijo Alfaro.
Explicó que los análisis son por computadoras usadas en las elecciones —en primera y segunda vuelta— que contienen el padrón electoral y que fueron incautadas por la Fiscalía.
El secretario Palomo instó a las autoridades competentes del sistema judicial “a corregir las acciones de los jueces y fiscales que han permitido el abuso institucional a manos del Ministerio Público (MP)” e insistió en que «estos últimos acontecimientos deben representar sanciones de todo tipo a quienes resulten responsables”.
Por su parte, Alfaro dijo que espera que los datos se custodien adecuadamente, pues el padrón incluye información de alrededor de 10 millones de personas.
AP consultó a la fiscalía sobre el “secuestro” del padrón electoral. María Mansilla, funcionaria de la dirección de comunicación, dijo que “es falso e irresponsable señalar que se secuestró el padrón electoral”, pues la fiscalía contaba con autorización de juez.
“Durante las diligencias la fiscal a cargo del caso fue enfática en advertir a todos los presentes que el caso se encuentra bajo reserva por lo que llama la atención que funcionarios estén difundiendo información de un expediente que se encuentra bajo reserva”, dijo Mansilla.
También advirtió que puede configurarse un delito, pues «vulnerar la reserva judicial de un caso bajo investigación es un ilícito penal que podría encuadrar en (los delitos de) obstaculización de la acción penal o desobediencia”, agregó.
En 2023 Guatemala tuvo elecciones para elegir presidente, diputados y autoridades locales.
Tras los comicios, la fiscalía recibió varias denuncias de los partidos políticos perdedores que alegaban un posible fraude aunque los veedores internacionales no levantaron alertas.
La Fiscalía abrió investigaciones dirigidas al presidente de la República, Bernardo Arévalo; su vicepresidenta, Karin Herrera, y miembros del partido Movimiento Semilla que los llevo al gobierno; magistrados del tribunal electoral y más de 150.000 ciudadanos que participaron observando, resguardando y contando los votos.
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