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CARACAS.- Ha transcurrido más de una semana desde que el régimen de Nicolás Maduro, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo que controla, anunció sin las pruebas correspondientes unos resultados electorales a su favor. Los opositores, por su parte, que sí tienen las pruebas, rechazan estos resultados, y defienden los que tienen en su poder y que dan la victoria al que fuera su candidato Edmundo González Urrutia.
Desde que se produjo el anuncio del CNE en la noche del 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, los venezolanos han sido testigos de cómo un régimen que llegó en 2013 y se fue haciendo más antidemocrático cada vez, afirma que los comicios les resultaron favorables, en tanto los opositores aseguran que es lo contrario y tienen las pruebas para demostrarlo. Fue así como González Urrutia y la líder María Corina Machado le dijeron al país que habían obtenido la victoria por más del 60% de los sufragios frente a un 30% de Maduro. Y no solo lo dijeron, sino que publicaron las actas del escrutinio en una plataforma en línea -en Venezuela la ley dice que todos los partidos que participan en una elección tienen derecho a tener copia de las actas- en la que cualquier elector puede ingresar y constatar esos datos.
Sin embargo, el régimen de Maduro, con una larga historia de denuncias de fraude electoral en años anteriores, además de demandas por delitos de lesa humanidad en La Haya, sanciones internacionales y denuncias de corrupción a niveles estratosféricos, se mantiene aferrado al poder. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, ha reiterado en dos oportunidades desde el día de las elecciones que las Fuerzas Armadas se mantienen leales al poder central. Maduro controla el poder armado y ha reprimido las protestas ciudadanas que se extendieron por todo el país una vez que se conoció el fraude. Además, también controla el Poder Judicial. Ha criminalizado las protestas, incluso las que se hacen a través de las redes sociales.
El panorama actual de Venezuela es incierto. La comunidad internacional se está moviendo, pero está claro dentro y fuera del país que encontrar un escenario en el que Maduro respete la voluntad popular expresada en las urnas electorales no va a ser fácil.
La publicación británica The Economist plantea que dependerá de varios factores. El primero de ellos son los venezolanos comunes, que ya han salido a las calles, aunque esto les ha valido que a la fecha al menos 20 personas hayan muerto por la represión estatal y más de 700 hayan sido apresados, según cifras de las ONG. En ese contexto, el rol de la oposición es fundamental.
«El ejército está bloqueando el cambio, y lograr que abandone a Maduro y respete el proceso electoral de la Constitución será difícil. Maduro depende de la inteligencia cubana para mantener a raya a los oficiales. La oposición debería esforzarse por demostrar con detalles irrefutables que las elecciones fueron robadas. Para ello, debería organizar grandes manifestaciones pacíficas. Muchos soldados rasos, cuyas propias familias comparten las penurias actuales de los venezolanos, no son necesariamente leales al régimen», destaca el medio de comunicación en su articulo «¿Se puede impedir que Nicolás Maduro se robe las elecciones de Venezuela?».
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Miembros de la Policía Nacional Bolivariana detienen a un hombre durante una manifestación convocada por la oposición en el barrio Chacao de Caracas el 30 de julio de 2024. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes y una ONG dijo que 11 personas han muerto y decenas más han sido asesinadas.
Foto de Juan Calero/AFP
Recomienda The Economist que la comunidad internacional, en especial, las «potencias occidentales», deben «rechazar de plano» los resultados de las elecciones que ha ofrecido Maduro, los cuales no son «completos y creíbles». Agrega que «el hecho de no proporcionar esos datos» debería ocasionar la imposición de nuevas sanciones económicas y «la persecución por parte de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes contra la humanidad».
Sanciones individuales al entorno más cercano a Maduro, que incluya a los oficiales leales «cuyas familias se alojan en lujosos hoteles de Madrid y otros lugares» también deben entrar en ese esquema.
The Economist resalta el rol que pueda jugar en la crisis el presidente de Brasil Luis Ignacio «Lula» Da Silva, que considera «crucial». Recuerda el medio en su artículo que Lula, siendo un aliado del chavismo anteriormente, ahora se ha manifestado frustrado por el devenir de los hechos en Venezuela y al igual que muchos otros líderes latinoamericanos, exige al régimen la publicación de las actas que demuestren que Maduro ganó.
Cree The Economist entonces que «en privado, e idealmente con el respaldo de los gobiernos de izquierda de Colombia y México, (Lula) debería ser mucho más duro y decirle a Maduro que si se aferra al poder, sus amigos habituales lo renegarán e impondrán sanciones a su familia».
Por último, la comunidad internacional tiene también otro recurso y es ofrecerle a Maduro y sus aliados «una salida segura», aunque no sea la forma cómo los venezolanos anhelan verlo caer.
«El mundo tiene una última cosa que ofrecer: una salida segura para Maduro y sus amigos más cercanos, una vida cómoda en una playa brasileña o caribeña, posiblemente con inmunidad judicial. Eso indignaría a quienes quieren ver a Maduro enfrentarse a la justicia en La Haya, pero es un precio que vale la pena pagar para evitar un derramamiento de sangre y empezar a reconstruir Venezuela», concluyó.
FUENTE: REDACCIÓN / Con información de The Economist
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