GINEBRA.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó el martes su profunda preocupación y calificó de «profundamente alarmante» el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua, una acción que representa la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el régimen de Daniel Ortega desde las protestas de 2018.
«El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, está dificultando cada vez más la defensa de los derechos humanos en Nicaragua», afirmó el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.
Añadió que la disolución de estas ONG ocurre «en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa».
El Ministerio del Interior justificó el cierre de estas 1.500 ONG por presuntos incumplimientos en la presentación de informes financieros, con periodos de hasta 35 años sin reportar. Entre las organizaciones clausuradas se encuentran numerosas asociaciones católicas y evangélicas, así como fundaciones benéficas, deportivas, comerciales, rurales y de jubilados. También se han cerrado organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha contra los ‘contras’ en los años 80.
«Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos», subrayó Throssell.
Ortega aplica más control
Las recientes medidas del régimen nicaragüense se enmarcan en una estrategia de control cada vez más severa sobre las organizaciones de la sociedad civil. Desde las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en una violenta represión y más de 300 muertos según informes de la ONU, la administración de Ortega intensificó su control sobre las ONG y restringió las libertades civiles.
Las manifestaciones de 2018 se originaron en respuesta a una reforma de seguridad social, que muchos nicaragüenses consideraron perjudicial. La represión que siguió incluyó el uso de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y una persecución sistemática de activistas y opositores.
En este contexto, el régimen de Ortega implementó leyes más estrictas para regular a las ONG, bajo el pretexto de combatir el «lavado de dinero» y el «financiamiento del terrorismo». Estas leyes han sido criticadas por limitar la libertad de asociación y expresión. Desde entonces, el dictador ha tomado medidas enérgicas contra las organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales desempeñaban un papel crucial en la provisión de servicios sociales y la defensa de los derechos humanos.
FUENTE: Con información de AFP y Europa Press
