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MIAMI.- La organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM-VE) manifestó su profunda preocupación y rechazo por la reciente integración del Mayor General Manuel Ricardo Christofer Figuera, señalado por crímenes de lesa humanidad, en espacios de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A través de una carta dirigida al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, la organización, que representa a víctimas directas e indirectas del sector militar venezolano, recuerda que Figuera ha sido denunciado ante el Panel de Expertos Independientes de la OEA por su presunta participación en violaciones sistemáticas de derechos humanos mientras dirigía la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Venezuela.
Asimismo, se detalla que Figuera, quien fue Subdirector de la DGCIM entre 2014 y 2018 y Director del SEBIN en 2019, fue responsable de implementar una “red de persecución y control” que recurrió a la tortura, desapariciones forzadas y otras prácticas represivas contra civiles y militares institucionales.
La organización señala que Figuera, tras su salida de Venezuela en 2019, ha intentado rehabilitar su imagen pública colaborando con organismos internacionales. Sin embargo, la FPPM-VE considera que su inclusión en la OEA es una afrenta a las víctimas que han testificado en su contra ante la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional.
“Esto, ha sido una burla hacia sus víctimas, muchas de las cuales aún siguen siendo torturadas en celdas infrahumanas bajo la custodia de la DGCIM”, enfatiza el comunicado.
El documento también destaca el rol de Figuera en la dirección de la DGCIM, donde se llevaron a cabo actos de tortura en instalaciones como “El cuarto de los locos” y “El submarino”. Según el comunicado, estas prácticas fueron documentadas por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que en su informe de septiembre de 2020 incluyó testimonios y referencias directas a la responsabilidad de Figuera en la cadena de mando de estas operaciones represivas.
“La Misión tiene motivos razonables para creer que las altas autoridades de la DGCIM tenían conocimiento y contribuyeron a la comisión de los actos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violación y otros actos de violencia sexual”, cita la carta.
La FPPM-VE hace un llamado a Almagro para que mantenga su coherencia y firmeza en la defensa de los derechos humanos, evitando que individuos como Figuera sean acogidos en espacios internacionales que deberían ser reservados para la justicia y la protección de las víctimas. En su comunicado, la organización compara la inclusión de Figuera en la OEA con la idea de colaborar con notables violadores de derechos humanos de la historia latinoamericana, como Jorge Guldenzoph, Pedro Estrada y Jhonny Abbes García, lo cual consideran inaceptable.
Finalmente, la organización reitera su agradecimiento por el trabajo realizado por la OEA y su Secretario General en la lucha por la democracia en Venezuela, pero insiste en que no puede haber lugar para aquellos que han sido cómplices y actores directos de los crímenes que se buscan erradicar.
“Las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela no pueden concebir que se califique como ‘colaborador’ a quien ha sido responsable de su sufrimiento”, concluye la carta firmada por Molly De La Sotta, miembro fundadora de la FPPM-VE, el Capitán de Navío Luis De La Sotta Quiroga, quien es el CEO de la organización, y Luis Lugo Calderón, expresidente y ex preso político.
FUENTE: REDACCIÓN
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