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MIAMI.- El derecho a la rebelión que, como el derecho a la legítima defensa, se puede ejercer cuando hechos comprobados atentan contra la libertad y la Constitución, fue ejercido en 2007 por quienes hoy están en la jerarquía del gobierno chavista y buscan ampararse en el fallo inconstitucional del TSJ, que convalida el fraude electoral que el CNE perpetró el 28 de julio, señaló el periodista Leocenis García.
En un texto titulado Lo dijo el chavismo, García expresó que los magistrados del TSJ pueden subvertir el orden constitucional, que invoca un fallo del TSJ chavista ocurrido en 2007, contra el cual el oficialismo, que dominaba la Asamblea Nacional, se opuso abiertamente.
“La Asamblea Nacional, presidida entonces por la doctora Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro), no se redujo a aceptar sin chistar la sentencia de la Sala Constitucional y a dar una rueda de prensa, quejándose de lo que consideró un abuso de poder del TSJ”, dice el periodista en su escrito, en paralelismo al rechazo y posible investigación, por inconstitucional, de la sentencia electoral.
Derecho por la Constitución
García rememora que la Sala Constitucional del TSJ dictó sentencia “para eludir el pago del impuesto sobre la renta” de su salario base, omitiendo otros ingresos, lo que “causó la ira en la AN” y acusó al TSJ de “usurpar funciones inherentes al Poder Legislativo”.
«Considerando que del contenido de dicha sentencia se observa una decisión que excede las funciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia e invade competencias privativas de la Asamblea Nacional, cuando al interpretar el artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, modifica sustancialmente el contenido del mismo, sus alcances y consecuencias jurídicas, aun cuando la nulidad del referido artículo no había sido denunciada y, declarándolo así expresamente en el numeral 2 de la decisión (..) se rechaza la sentencia por inconstitucional”, señaló un comunicado de la AN dirigido al TSJ.
Pidió prisión para los magistrados, la mayoría afín a Hugo Chávez, acordó investigar la supuesta usurpación, “y por si fuera poco remitieron el caso al Consejo Moral Republicano”, afirmó García.
FUENTE: Aartículo de Leocenis García
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