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El Instituto Nacional Electoral de México aprobó el viernes darle al partido gobernante Morena y a sus aliados aproximadamente el 73 % de los escaños en la Cámara de Diputados, a pesar de que la coalición obtuvo menos del 60% de los votos en las elecciones del 2 de junio.
El fallo, que puede ser impugnado en tribunales, le daría a la coalición gobernante la mayoría de dos tercios que necesita para que la cámara baja apruebe cambios a la Constitución de México. Si el fallo se ratifica, Morena y sus aliados tendrían unos 364 de los 500 escaños de la cámara baja.
Algunos críticos dicen que eso le daría a Morena más poder en el Congreso del que obtuvo en las urnas.
La disputa involucra una ley que asigna algunas bancas del Congreso con base en la representación proporcional. Dicha ley se diseñó para darle a algunos partidos más pequeños algunos escaños en el poder legislativo con base en el porcentaje total de votos que obtuvieran a nivel nacional, incluso si no ganaban contiendas individuales de distritos legislativos.
Aparentemente, Morena eludió eso al “prestarles” algunos de sus candidatos ganadores de distritos legislativos al Partido Verde y al Partido del Trabajo, dos partidos de menor tamaño que son aliados suyos y suelen votar alineados con Morena.
El consejo general del INE votó que las reglas de representación proporcional sólo son aplicables a partidos en lo individual, y sin tomar en cuenta el efecto que eso pudiera tener en una coalición mayoritaria.
Aunque Morena y sus aliados no lograron obtener la mayoría de dos tercios en el Senado, cuya aprobación también es necesaria para poder efectuar cambios a la Constitución, a la coalición sólo le faltaron dos o tres escaños en la cámara alta y podría obtenerlos de un partido más pequeño.
El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum —también miembro de Morena—, se han comprometido a utilizar la mayoría de dos tercios para tratar de realizar 20 cambios constitucionales, incluido el de que todos los jueces sean elegidos por voto popular.
Los detractores dicen que el elegir a los jueces podría socavar la independencia del poder judicial y darle un control aún mayor al partido gobernante.
La propuesta ha sido criticada en los últimos días por inversionistas e instituciones financieras, al igual que por el embajador de Estados Unidos en México.
El martes, Morgan Stanley degradó su recomendación para invertir en México, con el argumento de que la reforma “aumentará el riesgo”. En un informe analítico, Citibanamex advirtió que la aprobación de la propuesta supondrá “la cancelación de la democracia liberal”.
El jueves, el embajador estadounidense Ken Salazar dijo que los cambios propuestos plantean un “riesgo” para la democracia mexicana y amenazan “la relación comercial histórica” entre ambos países.
Adicionalmente, los tribunales federales están cerrados en su mayor parte debido a una huelga de empleados judiciales que comenzó el lunes con el fin de protestar contra la reforma judicial. Jueces y magistrados se unieron al paro el miércoles.
Entre otras propuestas constitucionales, Morena está impulsando un cambio que, en esencia, eliminaría todos los organismos independientes de regulación y supervisión en México. El partido dice que son un desperdicio de dinero, y que más bien las responsabilidades de supervisión deberían otorgárseles a los departamentos gubernamentales, con lo que esencialmente se vigilarían a sí mismos.
López Obrador ha intentado impulsar sus proyectos favoritos —principalmente el llamado Tren Maya y la refinería de Dos Bocas— sin supervisión, regulación ni estudios de impacto ambiental, pero frecuentemente se ha topado con impugnaciones judiciales. El modificar la Constitución acabaría con esos obstáculos.
El mandatario deja el cargo el 30 de septiembre, pero Sheinbaum —que se convirtió en la primera mujer que ocupará la presidencia de México tras ganar los comicios del 2 de junio— se ha comprometido a continuar con todas sus políticas.
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