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BRUSELAS.- La Unión Europea alzó la voz en contra de la reciente represión en Nicaragua, expresando una preocupación significativa por las acciones del régimen de Daniel Ortega que han llevado al cierre de más de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG).
Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, criticó abiertamente las restricciones impuestas al espacio cívico en el país centroamericano. En un comunicado, la UE demandó al régimen de Ortega el cese de inmediato estas acciones represivas y respete el derecho a la disidencia.
El bloque europeo enfatizó la necesidad urgente de restaurar las libertades fundamentales en Nicaragua. Entre las medidas solicitadas se incluye la liberación de todos los presos políticos y la readmisión de las organizaciones de derechos humanos que han sido expulsadas del país.
Además, la Unión Europea instó a las autoridades nicaragüenses a iniciar un diálogo «auténtico e inclusivo» con todos los sectores de la sociedad para abordar las demandas legítimas de los ciudadanos y de la comunidad internacional.
La reciente ola de cierres de ONG se suma a una serie de medidas restrictivas impuestas desde finales de junio de 2022, que han llevado a la disolución de más de 5.000 organizaciones en Nicaragua, según datos de las Naciones Unidas.
Ortega aplica más control
Las medidas del régimen nicaragüense se enmarcan en una estrategia de control cada vez más severa sobre las organizaciones de la sociedad civil. Desde las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en una violenta represión y más de 300 muertos, según informes de la ONU, la administración de Ortega intensificó su control sobre las ONG y restringió las libertades civiles.
Las manifestaciones de 2018 se originaron en respuesta a una reforma de seguridad social, que muchos nicaragüenses consideraron perjudicial. La represión que siguió incluyó el uso de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y una persecución sistemática de activistas y opositores.
En este contexto, el régimen de Ortega implementó leyes más estrictas para regular a las ONG, bajo el pretexto de combatir el «lavado de dinero» y el «financiamiento del terrorismo». Estas leyes han sido criticadas por limitar la libertad de asociación y expresión. Desde entonces, el dictador ha tomado medidas enérgicas contra las organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales desempeñaban un papel crucial en la provisión de servicios sociales y la defensa de los derechos humanos.
FUENTE: Con información de Europa Press
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