WASHINGTON.- Tras considerar de urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del dirigente opositor Freddy Francisco Superlano Salinas, preso político del régimen de Nicolás Maduro, de quien familiares y abogados desconocen su paradero desde hace casi un mes, según un comunicado.
Superlano, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular y participó en actos políticos a favor del candidato Edmundo González Urrutia, fue detenido el 30 de julio pasado, en horas de la mañana, cuando llegaba su residencia ubicada en Caracas, por agentes de inteligencia del Sebin y fue trasladado junto a un acompañante a un sitio desconocido.
Aunque se informó de modo extraoficial que Superlano se encontraba en los calabozos del Sebin, en el Helicoide, y que habría sido imputado, no hay información de su paradero, lo que motivó la resolución de la CIDH donde fue interpuesta la denuncia de los familiares.
Ante informaciones de supuesta tortura, los parientes presentaron un recurso de Habeas Corpus en un tribunal afin al régimen que lo declaró improcedente, a pesar de la ley obliga a que un detenido sea presentado en horas para hacer constar su estado físico.
Sin derechos en Venezuela
La CIDH, dice el comunicado, “encontró que las autoridades nacionales han negado la posibilidad de protección a favor del beneficiario”, por lo que “estimó que este enfrenta una situación de extrema desprotección y grave riesgo a sus derechos a la vida e integridad personal al carecer de información oficial respecto, a los motivos, si existieran, para que las autoridades lo hayan detenido, sumado al desconocimiento del lugar o paradero actual”.
Así, la instancia insta al Estado de Venezuela a adoptar medidas para “proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Superlano, y pide que informe si el dirigente político se encuentra bajo su custodia así como las circunstancias de su detención.
“La Comisión considera necesario que el Estado precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos. De lo contrario, precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha”, indica la instancia de derechos humanos.
El 23 de agosto de 2024, la CIDH también otorgó medidas cautelares en beneficio de Carmen Leonor García Azuaje, secretaria del partido de oposición Alianza Bravo Pueblo, quien fue detenida en el centro de la ciudad de Puerto Ayacucho, en el sureño estado Amazonas, el 17 de agosto, por funcionarios adscritos a la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana.
Familiares denunciantes de la detención calificaron la situación de García Azuaje «desaparición forzada», dado que autoridades no informan de su paradero.
FUENTE: Con información de CIDH
