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Un sacerdote católico y un pastor de la Iglesia morava de Nicaragua denunciaron el viernes en Ginebra que el gobierno de Daniel Ortega ha intensificado “la persecución” y “la represión” contra las distintas agrupaciones religiosas y sus seguidores, al punto de prohibir sus actividades y enviar a decenas de sacerdotes al exilio.
“El régimen pretende no solo arrebatarnos nuestras tierras” sino también “controlar todos los espacios de nuestras vidas, incluyendo la Iglesia”, dijo el pastor moravo Francisco Alvicio Watshus, un indígena misquito que participó en un evento sobre derechos humanos paralelo al 57° período de sesiones de Naciones Unidas.
Watshus contó que fue obligado al exilio en Costa Rica “por pretender el derecho a la autodeterminación de mi pueblo”. Agregó que el gobierno sandinista de la década de 1980, que Daniel Ortega presidió de 1985 a 1990, cometió “abusos, violaciones y asesinatos contra la población misquita”.
“Hoy quiere arrebatarnos nuestra cosmovisión ligada a la Iglesia morava”, afirmó.
Las autoridades de Nicaragua ordenaron la clausura, el pasado 29 de agosto, de la Iglesia morava, fundada en la costa Caribe de Nicaragua en 1849. Watson dijo que esta Iglesia tiene más de 100.000 miembros activos y 350.000 colaboradores en esa zona.
“Pedimos a la comunidad internacional el asilo y refugio para los misquitos que ahora huyen de la represión en Nicaragua», afirmó el religioso, que también demandó “el cese del ataque a nuestra Iglesia, que se respeten nuestras creencias ancestrales y se nos permita regresar a nuestra tierra”.
En el panel se proyectó también un video de un “sacerdote católico exiliado” no identificado, cuyo rostro tampoco se mostró y su voz fue alterada “por temor a represalias”, según se dijo.
“Es evidente que la persecución a la Iglesia tiene una motivación política”, sostuvo el sacerdote en el video, tras señalar que esta situación se agravó después de la rebelión social de 2018, cuando el gobierno de Ortega acusó a varios obispos de ser parte de “un fallido golpe de Estado” por respaldar los reclamos de la población.
Afirmó que hay una “estrategia de persecución” y que “la libertad religiosa ha empeorado seriamente”, pese a que la Constitución nicaragüense establece el respeto a la libertad de cultos.
“La persecución no ha cesado” y los religiosos “se encuentran bajo asedio en Nicaragua”, declaró por su parte la abogada Martha Patricia Molina, experta en temas de la Iglesia católica y presente también en el panel.
Molina dijo que ha documentado, entre julio 2018 a julio 2024, unas 870 agresiones contra la Iglesia católica y más de 100 contra la Iglesia cristiana evangélica, incluyendo el cierre de ONG, universidades e institutos. Estos han sufrido “robo de bienes inmuebles y congelamiento de cuentas bancarias”.
Añadió que 260 religiosos y religiosas han sido obligados al exilio, en su mayoría nicaragüenses “que además han sido desnacionalizados”. Asimismo, el gobierno ha expulsado del país a 14 congregaciones religiosas y “ha cerrado arbitrariamente” 22 medios de comunicación católicos.
Sumado a ello, 9.688 actividades religiosas han sido prohibidas por la policía en los últimos seis años, precisó.
Según Molina, el gobierno pretende “continuar una política de adoctrinamiento” para “exterminar” a las iglesias y “que sean Daniel Ortega y Rosario Murillo los únicos líderes en el país”.
En el panel también participó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN), quien señaló que el motivo de la persecución a las iglesias por parte del gobierno sandinista “no es religioso, sino político”.
“Aquí no estamos hablando de que en Nicaragua se viola solo el derecho a profesar la fe, sino también el derecho a la libre expresión, circulación, reunión, a la nacionalidad y a la propiedad”, dijo Peralta al recordar que a cientos de opositores se les ha quitado su nacionalidad y se les han confiscado sus bienes en el país.
La experta indicó que el GHREN ha documentado una nueva “escalada a otras formas de represión”, en la que el gobierno “pretende ganar las calles” al perseguir “a quienes tengan la capacidad de congregar personas”, así como ejercer “una represión transfronteriza” mediante reformas legales aprobadas recientemente.
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