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MIAMI. – Una misión del Comité de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia (IID) viajará a Argentina para presentar un informe ante las autoridades judiciales de ese país que revelaría “graves violaciones” en contra de un campesino en la provincia de Santiago del Estero.
El caso, que involucraría al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de esa provincia argentina, Federico López Alzogaray, se relaciona con un litigio de tierras que comenzó a investigar el comité del IID tras un viaje realizado en enero de 2023.
«Tras una amplia investigación, que incluyó una visita a la zona, la recepción de testimonios y el análisis de documentos legales, hemos podido constatar las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de esta familia en Argentina», afirmó Armando Valladares, presidente del IID y exembajador de EEUU ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El IID, luego de una exhaustiva investigación, concluyó que supuestamente López Alzogaray habría incurrido en violaciones a los artículos 1-7, 10 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a los artículos 1 (inciso 4), 5, 8, 9, 11, 17 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Lo más grave es que estos hechos se produjeron bajo un ropaje de legalidad, utilizando el sistema judicial para vulnerar los derechos de un campesino”, declaró Marcel Feraud, secretario del IID, durante una conferencia de prensa realizada este viernes en Miami.
“El derecho debe ser una herramienta de protección para los ciudadanos, no una vía para su despojo”, apuntó Feraud.
El caso
Según las pesquisas, el campesino de un caserío del municipio de Forres, identificado como Manuel Asencio Ardiles, fue despojado de parte de sus tierras a través de un juicio reivindicatorio “plagado de irregularidades”, según el informe del IID
El mismo presidente del Tribunal, “aprovechando su posición de poder”, acorde con el IID, fue quien presentó la demanda y dictó una medida precautelatoria que obligaba a Ardiles a abandonar su propiedad. El caso ha sido denunciado como un ejemplo de la impunidad que reina en la provincia en medios de comunicación argentinos.
El informe del Comité de DDHH del IID reseña palabras de la esposa del campesino, quien aseguró —según la investigación— “cómo fueron hostigados y amenazados por empleados de López Alzogaray y relató la brutalidad con la que se ejecutó el desalojo”.
El magistrado alega la titularidad sobre el bien que ocupaba Ardiles mediante una cédula real de 1803 emitida a favor de su familia. Entretanto, el campesino aseguraba que heredó el predio de su padre y que el terreno fue inscrito hace más de 50 años, según se lee en el informe.
Ardiles murió mientras el comité del IID cumplía su misión, por lo que su familia ha continuado el litigio, conforme con el documento.
El IID, liderado por el embajador Valladares, junto a Marcel Feraud y Norberto Spangaro, miembro del Comité Directivo, se reunirá la próxima semana con autoridades argentinas para entregar el informe y exigir una investigación a fondo del caso.
Durante su viaje anterior a Argentina, Valladares y Feraud informaron sobre el caso a las autoridades competentes tanto en Santiago del Estero como en Buenos Aires, de acuerdo con el informe.
El Instituto Interamericano para la Democracia dijo que espera que este viaje sirva para visibilizar la situación de vulnerabilidad que sufren muchos ciudadanos en la provincia de Santiago del Estero y para que se haga justicia.
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