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CARACAS.- Al menos 58 menores venezolanos, con edades entre los 14 y 17 años, permanecen detenidos tras las protestas que se desataron luego de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el régimen de Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor, pese a múltiples denuncias de fraude por parte de la oposición y observadores internacionales. Así lo informó la organización no gubernamental Foro Penal.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, señaló que las detenciones de menores comenzaron inmediatamente después de las elecciones, cuando la ciudadanía salió a las calles en manifestaciones que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas del régimen. Según Himiob, desde el 29 de julio hasta el 9 de septiembre, fueron arrestados 142 adolescentes, de los cuales 85 siguen bajo custodia de las autoridades venezolanas.
Entre los cargos que se les imputan figuran incitación al odio, obstrucción de vías públicas y, en algunos casos, terrorismo y daños a la propiedad pública y privada. Sin embargo, Foro Penal ha denunciado que muchos de estos jóvenes fueron arrestados de forma arbitraria, sin pruebas claras de su participación en las protestas.
Un caso particularmente alarmante es el de un menor con autismo, detenido en Los Nuevos Teques, estado Miranda, quien fue aprehendido frente a su vivienda sin estar involucrado en las manifestaciones. Este tipo de situaciones ha encendido las alarmas sobre la naturaleza indiscriminada de las detenciones.
El 31 de agosto se produjo la excarcelación de 19 menores, tras comparecer en sus respectivas audiencias judiciales, pero aún persisten preocupaciones sobre el tratamiento que reciben los adolescentes en las instalaciones donde están retenidos.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón calificó estas detenciones como una violación flagrante de los derechos humanos y exigió la liberación inmediata de todos los menores detenidos. Además, insistió en que el Estado venezolano debe garantizar el respeto a los derechos de los adolescentes, tal como establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Constitución del país.
Las detenciones arbitrarias de menores han sido un punto de creciente preocupación para los defensores de derechos humanos en Venezuela, quienes acusan al régimen de Maduro de utilizar estas tácticas para disuadir a la población de ejercer su derecho a la protesta pacífica.
FUENTE: Con información de Europa Press
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