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Después de una década de infructuosos esfuerzos por dar con los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos en el sur de México en 2014, miles de personas acompañaron a sus familias por el centro de Ciudad de México para exigir verdad y justicia no solo para sus hijos sino para los más de 115.000 desaparecidos en el país.
“No están solos, no están solos”, gritaban el jueves por la noche los manifestantes a los padres y madres de los estudiantes, a quienes arrojaron pétalos de flores bajo una incesante lluvia y con la sede presidencial a sus espaldas. Al pecho, las fotos de sus hijos.
“Diez años que no han sido nada fácil, que han sido de mentiras por parte de gobiernos, pero aquí seguimos, no podemos detenernos, nos falta un hijo al cual estamos buscando”, dijo Hilda Legideño, madre de uno de los desaparecidos.
El décimo aniversario del ataque a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa llegó a cuatro días del fin de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, un mandatario en el que las familias confiaron, pero que los deja sumidos en la frustración, como quedó en claro cuando algunos manifestantes arrojaron pirotecnia hacia el muro de protección de Palacio Nacional.
López Obrador pasará a la historia “como cómplice de aquellas personas que desaparecieron a nuestros y hijos”, señaló Legideño.
Como un presidente que traicionó no sólo a las familias sino “a un pueblo sediento de justicia y de saber la verdad”, dijo otro de los padres, Mario González.
Al caer la noche y a pesar de que las autoridades habían bloqueado parcialmente el acceso a la plaza central de la capital con bloques de concreto, los manifestantes llegaron hasta las afueras de Palacio Nacional entre gritos de “Ayotzi somos todos” o “Fue el Estado”. A su paso dejaron pintas en las que exigen justicia, así como algunos destrozos.
“Nos llama mucho la atención que sí tenemos gente todavía que apoya”, dijo Margarito Guerrero, padre de otro de los estudiantes desaparecidos. “La primera vez que pasamos por aquí, ¿quién iba a pensar que iba a pasar todo este tiempo y aquí otra vez, sin respuestas?”, agregó, mientras caminaba bajo la lluvia, cubierto únicamente por su sombrero de paja.
Han pasado dos gobiernos, hay decenas de detenidos –entre ellos un exprocurador general— y ha habido cientos de búsquedas, pero México sigue sin saber el destino de los jóvenes atacados por policías en la localidad de Iguala, Guerrero, en 2014 porque la investigación estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones para ocultar la verdad, según la fiscalía federal actual. Las autoridades consideran que los jóvenes fueron asesinados pero solo se han localizado restos de tres de ellos.
Este gobierno avanzó al determinar que fue un “crimen de Estado” y apuntó al tráfico de heroína como posible detonante del ataque. También confirmó que un cártel local actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
Pero López Obrador se distanció el miércoles de parte de esos avances. Minimizó los casos de tortura perpetrados por el gobierno anterior y que hicieron que muchos sospechosos fueran liberados por esos abusos, se distanció del móvil del tráfico de heroína e insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército obedecen a, “intereses políticos” , aunque hay 16 militares procesados.
“Nos dio muchas esperanzas”, dijo Joaquina García, madre de otro de los desaparecidos, en un acto en la Universidad Nacional Autónoma de México. “Pero tal parece que protege mucho a los militares y no se vale”. “Aquí andamos gritando para ver si las personas que se llevaron a nuestros hijos se les conmueven el corazón”.
La ONU lamentó el jueves los “resultados insatisfactorios” por parte de las autoridades. La CIDH, que envió expertos a investigar durante ocho años, mostró su preocupación por la “paralización» del caso y denunció un persistente “pacto de silencio que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores”.
Activistas, académicos y una treintena de organizaciones civiles de distintos países latinoamericanos —de Chile y Argentina a Guatemala pasando por Brasil o Colombia— exigieron más acciones a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum.
La ONG mexicana Fundar —que acompaña a las familias— recordó que el caso exhibe «el funcionamiento impune del dispositivo de desaparición… que se ha mantenido vigente en México por décadas” y el “abandono institucional” que sufren sus víctimas.
El presidente admitió el jueves que “se complicaron las cosas, están enredadas” y que no pudo dar con el paradero de los estudiantes. “Que les quede muy claro…no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes”, dijo en un último intento por convencer a las familias de sus esfuerzos.
El sabor es amargo pero las familias no están dispuestas a olvidar.
“A ver qué sigue” con la nueva presidenta, agregó Margarito Guerrero. “La vamos a apretar si no da respuesta”.
Joaquina García coincidió. “Esta lucha no termina”.
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