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Algunos inmigrantes que crecieron en Estados Unidos luego de que fueron traídos ilegalmente cuando eran niños, participarán en manifestaciones ante un tribunal federal de Nueva Orleans el jueves, cuando tres jueces de apelación habrán de escuchar los argumentos sobre la política del gobierno de Biden que les protege de la deportación.
En la larga batalla jurídica que se libra en la Corte de Apelaciones del 5to Circuito federal está en juego el futuro de unas 535.000 personas que llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, aunque no tienen la ciudadanía estadounidense ni la residencia legal, y viven con la posibilidad de ser deportadas.
“No importa lo que se diga o se haga, yo elegí Estados Unidos y tengo la responsabilidad de hacer de él un lugar mejor para todos nosotros”, manifestó el miércoles Greisa Martínez Rosas. Ella es beneficiaria de la política y líder del grupo de defensa United We Dream. Tiene previsto viajar desde Arizona para asistir a una manifestación cerca del tribunal, donde se espera que se reúnan cientos de partidarios de la política.
El tribunal que escucha los argumentos no se pronunciará inmediatamente. Sea cual sea su decisión, es casi seguro que el caso acabe ante la Corte Suprema federal.
El expresidente Barack Obama puso en marcha el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) en 2012, alegando la inacción del Congreso en la legislación destinada a dar a los traídos a Estados Unidos cuando eran niños un camino para la regularización de su estatus migratorio y la naturalización. Siguieron años de litigios. El presidente Joe Biden renovó el programa con la esperanza de obtener la aprobación de los tribunales.
Pero en septiembre de 2023, el juez federal Andrew Hanen, con sede en Houston, declaró que el poder ejecutivo se había extralimitado en sus funciones al crear el programa. Hanen prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero dejó intacto el programa para los beneficiarios existentes, conocidos como “dreamers”, durante las apelaciones.
Los defensores de la política argumentan que el Congreso ha dado al Departamento de Seguridad Nacional —que pertenece al poder ejecutivo— la autoridad para establecer la política de inmigración, y que los estados que impugnan el programa no tienen base para demandar.
“No pueden identificar ningún daño derivado del DACA”, dijo Nina Perales, vicepresidenta del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus siglas en inglés), en una conferencia de prensa esta semana.
Texas lidera un grupo de estados gobernados por republicanos que impugnan la política. La Fiscalía General de Texas no respondió a una solicitud de entrevista por correo electrónico. Pero en escritos, ellos y otros demandantes afirman que los estados gastan cientos de millones de dólares en atención médica, educación y otros rubros cuando se permite a los inmigrantes permanecer en el país ilegalmente. Los otros estados son Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.
Entre los aliados de esos estados en los escritos judiciales se encuentra el Immigration Reform Law Institute.
“El Congreso se ha negado repetidamente a legalizar a los beneficiarios de DACA, y ningún gobierno puede dar ese paso en su lugar”, afirmó el director ejecutivo del grupo, Dale L. Wilcox, en un comunicado difundido este año.
El panel que lleva el caso está formado por los jueces Jerry Smith, nominado al 5to Circuito por el expresidente Ronald Reagan; Edith Brown Clement, nominada por el expresidente George W. Bush; y Stephen Higginson, nominado por Obama.
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