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El expresidente boliviano Evo Morales se atrincheró el viernes en su feudo cocalero del Chapare tras declararse “perseguido político” y con sus seguidores en vigilia busca evitar su arresto después de no presentarse a declarar ante la Fiscalía, que lo investiga por presunta trata, tráfico de personas y estupro.
La fiscal Sandra Gutiérrez dijo la víspera que, ante la inasistencia de Morales a una citación para responder a las acusaciones, “corresponde sacar el mandamiento de aprehensión” sin precisar cuándo expedirá la orden.
A través de sus abogados, Morales dijo que no se presentará a declarar “por falta de garantías”.
Morales vive en el Chapare, en el centro del país, donde todavía preside el mayor sindicato de cocaleros y se dedica a la cría de peces y a la siembra de arroz.
Los sindicatos que apoyan al exgobernante emitieron un comunicado en el que llamaron a realizar “vigilias”.
“Si detienen al hermano Evo Morales, inmediatamente se produce el bloqueo de carreteras en contra del gobierno de (el presidente Luis) Arce por la crisis económica, corrupción y por persecución política”, dice la declaración del llamado Pacto de Unidad, afín al político de 65 años.
Si bien la acusación contra Morales no es nueva, se activó después de éste encabezó una multitudinaria marcha contra Arce por la crisis económica, el alza de precios y para reclamar su habilitación como candidato a la presidencia en 2025, con un fallo del Tribunal Constitucional lo dejó afuera de la carrera.
El caso involucraría a una entonces menor de edad con la que Morales supuestamente mantuvo una relación cuando fue mandatario (2006-2019). También están investigados los padres de la joven.
El comandante de la policía, Álvaro Álvarez, informó que el padre fue detenido el viernes. Los progenitores tampoco se habían presentado a declarar.
Morales y Arce libran una dura guerra política por el liderazgo y la nominación presidencial del dividido partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
“Hay una desesperación de Morales que busca victimizarse. Si no se presentó a declarar no tiene privilegios y corresponde ordenar su arraigo y arrestarlo para que declare. Si hay bloqueos, nosotros saldremos a desbloquear”, dijo el dirigente del mayor sindicato indígena y campesino Juan Carlos Gutiérrez, alineado con Arce.
Gutiérrez dijo que la fiscal que lleva la investigación debería “apartarse del caso” ya que fue ministra de Justicia del exmandatario.
El caso ha desatado una guerra de acusaciones entre los dos bandos. Morales, a través de la red social X —antes Twitter— acusó al gobierno de “forzar un proceso penal” en su contra “con el objetivo de descabezar al movimiento popular”. A su vez Arce lo acusó de organizar protestas para forzar su renuncia.
Según analistas y opositores el MAS vive una profunda crisis y un agotamiento del modelo económico estatista que impulso Morales tras el derrumbe de los partidos tradicionales en 2003. La lucha interna está induciendo a los divididos partidos de oposición de centro y de derecha a buscar alianzas para enfrentar al debilitado oficialismo.
La guerra en el MAS ha agravado la profunda crisis de la justicia boliviana, señalada por organizaciones internacionales por su falta de independencia del poder político.
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