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Un hombre armado mató a un profesor delante de sus alumnos en una escuela de Lima, en medio de un estado de emergencia con restricciones de derechos constitucionales en esa zona de la capital de Perú.
Jorge Jares, jefe policial de la zona este de Lima, dijo a la prensa que, según las cámaras de seguridad del colegio público «Julio César Tello», el individuo fingió ser un notificador judicial, ingresó a la escuela y delante de los escolares le disparó tres veces al maestro, este lunes.
“Eso no se ha visto nunca dentro de un colegio”, comentó Jares.
El hombre le siguió disparando al profesor y luego subió a una moto conducida por otra persona, dándose a la fuga, agregó el jefe policial. El ministerio de Educación identificó al maestro como Julio Pacheco Pimentel.
De los 50 distritos de Lima, 14 se encuentran en estado de emergencia debido a la delincuencia, específicamente por las extorsiones, que se han quintuplicado entre 2021 y 2023, según datos oficiales, y han provocado dos paralizaciones masivas del transporte en menos de un mes para protestar contra el gobierno.
Debido a ellas, las autoridades se vieron obligadas a suspender dos veces las clases para casi dos millones de escolares en la capital.
El ministro de Educación, Morgan Quero, asistió a la escuela y les dijo a un grupo de padres que lucharían “contra los delincuentes extranjeros que están haciendo ese problema y los vamos a… poner tras las rejas”. Pero Jares declaró a reporteros que, de acuerdo con las primeras investigaciones de los agentes, el asesino, «por la fisonomía y forma de hablar, sería peruano».
Protestan para exigir acciones
En la noche, casi un centenar de padres de familia se reunieron frente a la escuela y gritaban: “hechos y no palabras”, “justicia para el profesor”, “cierren el Congreso” y “Dina, escucha, el pueblo te repudia”, refiriéndose a la presidenta Dina Boluarte. El gobierno suspendió las clases tres días en el plantel en el que fue asesinado el maestro.
El homicidio ocurrió en medio de críticas contra la ley 32108, aprobada por el Congreso en agosto luego de que Boluarte no le realizó observaciones.
Según expertos, la ley permite que las casas de los presuntos delincuentes no sean allanadas hasta que acudan sus abogados. Antes sólo se necesitaba de indicios razonables aprobados por el juez.
Boluarte tiene 92 % de impopularidad y 5 % de aprobación, mientras que el Congreso tiene 88 % de desaprobación y 9 % de popularidad, según una encuesta de octubre efectuada por la firma Datum, publicada el domingo.
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