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Una jueza rehazó una solicitud para exigir a los 15 condados de Arizona que verifiquen la ciudadanía de alrededor de 42.000 votantes registrados únicamente para sufragar en las elecciones federales en el estado, llegando a la conclusión que quienes pidieron las verificaciones lo hicieron demasiado cerca de las elecciones del 5 de noviembre y carecían de bases legales.
Una demanda presentada a nombre de un votante de Arizona y del grupo de defensa conservador Strong Communities Foundation of Arizona solicitaba una orden judicial que obligara a los registradores de los condados a pedir que autoridades federales verifiquen la ciudadanía de esos votantes.
Arizona exige que los votantes demuestren su ciudadanía para poder participar en las elecciones locales y estatales. Quienes no presenten pruebas de ciudadanía, pero declaren bajo juramento que son ciudadanos estadounidenses, sólo pueden votar para las elecciones presidenciales, a la Cámara de Representantes o al Senado.
Según la demanda, los funcionarios no cumplían con una ley de 2022 que exige el cotejo de la información de registro con varias bases de datos gubernamentales.
“Ellos (los demandantes) no han demostrado con claridad que haya un perjuicio, ni que la acción que solicitan es factible en medio de una elección general”, escribió la jueza federal de distrito Krissa Lanham en una orden emitida el viernes.
Lanham, designada por el presidente Joe Biden, dijo que se negaba a obligar a los registradores de los condados a desviar recursos designados para la preparación de las elecciones hacia la comprobación de ciudadanía a tan pocas semanas de la jornada electoral.
La parte demandante comunicó al tribunal que pretende apelar el fallo.
La organización conservadora America First Legal, la cual está dirigida por el exasesor de Donald Trump Stephen Miller y representa a los demandantes, dijo el martes en un comunicado que el esfuerzo de apelación se hizo “para exigir que los posibles extranjeros ilegales y no ciudadanos sean eliminados legalmente de las listas de votantes de Arizona”.
Taylor Kinnerup, portavoz del registrador del condado de Maricopa, Stephen Richer, se negó a comentar sobre la orden de la jueza.
La demanda argumentaba que no era suficiente con que los funcionarios del condado consulten las bases de datos y señaló que los funcionarios debían solicitar a las autoridades federales que verifiquen el estatus de ciudadanía de los votantes.
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