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La presidenta peruana Dina Boluarte dijo el martes que su gobierno supervisará las remesas enviadas desde su país a Venezuela y que exigirá contratos de trabajo y de alquiler a los venezolanos que viven en Perú, a quienes volvió a relacionar con la delincuencia la víspera de una tercera protesta de varios sectores que denuncian ser extorsionados.
Boluarte aseguró en conferencia de prensa que “les vamos a exigir a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo…su contrato de alquiler y… vamos a hacerle un seguimiento a las remesas que se mandan fuera del país, para saber de dónde generan esos ingresos”.
Las declaraciones de Boluarte se dieron la víspera de nuevas manifestaciones previstas por parte de trabajadores del transporte público, del sector textil, dueños de bodegas, vendedores de alimentos, madres de cocinas comunitarias, universitarios y familiares de los manifestantes fallecidos en las protestas contra Boluarte en 2022 y 2023.
Estos sectores anunciaron que saldrán a protestar el miércoles por el aumento de las extorsiones que se quintuplicaron entre 2021 y 2023. Gremios de choferes del transporte público indicaron que también paralizarán sus operaciones por tercera vez en menos de un mes.
Un ciudadano venezolano entrevistado por la radio local RPP calificó al anuncio como xenófobo. “Se crea mucha xenofobia por ese tipo de comentarios viniendo de la máxima autoridad”, dijo Yerson Pepper Infante, que trabaja como guardia de seguridad. “La presidenta, faltando horas para un paro nacional, sale prácticamente exponiendo y dando responsabilidad solamente a la comunidad venezolana», añadió.
Durante la presentación de un balance de su gestión, la mandataria también aseguró también que se hará un “seguimiento financiero” a los venezolanos y advirtió que “aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues allí le vamos a caer”, aunque no dio más detalles sobre cómo se aplicarían esos controles o qué tipo de sanciones habría.
No es la primera vez que Boluarte acusa a los extranjeros de cometer actos delincuenciales. El 26 de abril de 2023, en medio de otra crisis de inseguridad, la mandataria culpó a venezolanos y haitianos de ser “lamentablemente los que están cometiendo estos actos delincuenciales”.
“Este tema de la delincuencia no es de ahorita, no es que nace con este gobierno, sabemos bien quién ha dejado nuestras fronteras abiertas y han entrado miles de ellos sin siquiera mencionar su nombre”, dijo entonces Boluarte, en referencia al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en cuyo gobierno se inició la llegada masiva de migrantes venezolanos.
En Perú viven 1,5 millones de venezolanos, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. De la población carcelaria en Perú, solo el 3,6% de los detenidos es de Venezuela, de acuerdo con datos oficiales de 2024.
En el acto del miércoles, Boluarte también advirtió sobre las manifestaciones del día siguiente. “Nuevamente vienen con una agenda política”, dijo y advirtió que “no se dejen sorprender como lo que ocurrió” en 2022 y 2023 cuando “querían poner al país en un desastre total». Agregó que no hay que volver a “esa historia negra”.
La mandataria peruana tiene una denuncia constitucional ante el Parlamento para que al final de su mandato, en 2026, sea juzgada por su responsabilidad en los asesinatos y lesiones precisamente durante esas protestas, en las que varios manifestantes exigían su renuncia, y en la que hubo decenas de muertos y cientos de heridos.
Boluarte tiene una aprobación del 4 %, mientras su impopularidad es de 92 %, según una encuesta nacional de octubre de la firma Ipsos Perú para la televisora local América.
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