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Una funcionaria de seguridad local y un exalcalde de México fueron asesinados el lunes a balazos en dos eventos separados en el estado occidental de Michoacán, uno de los más violentos del país donde varias organizaciones criminales mantienen luchas por el control del territorio.
La directora de Seguridad Pública del municipio de Angamacutiro, Lizbeth Romero Tafolla, murió la mañana del lunes tras ser tiroteada en su casa, informó la Fiscalía de Michoacán sin ofrecer más detalles.
Según medios locales, personas armadas se presentaron en el domicilio de la funcionaria y realizaron varios disparos cuando la mujer abrió la puerta de la vivienda.
También se registró el lunes el asesinato de Aurelio Santos, exalcalde del municipio de Cotija, quien fue baleado en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de esa localidad, confirmó la fiscalía estatal.
El cuerpo de Santos, quien no consiguió la reelección para la alcaldía de Cotija en las pasadas elecciones regionales, fue localizado a un lado de una calle. A mediados de este año fue asesinada a balazos la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa.
Michoacán es uno de los estados más violentos de México y es escenario de la lucha que mantienen varios cárteles y grupos delictivos por el control del territorio.
Por otra parte, un grupo de obispos del estado sureño de Guerrero pidió el lunes a las autoridades civiles y militares que ejerzan su autoridad y protejan a los habitantes de esa región, en la que han sido asesinadas al menos 19 personas en los últimos días.
Tras los sangrientos enfrentamientos entre dos bandas rivales ocurridos desde el pasado jueves en la localidad de Técpan de Galeana, cuatro obispos denunciaron el recrudecimiento de la violencia en la zona. En un comunicado solicitaron a las autoridades que “garanticen la seguridad, el libre tránsito y el trabajo exento de cuotas y extorsiones”.
Las clases están suspendidas en esa localidad y en dos municipios vecinos ante la ola de violencia.
En el escrito, que dio a conocer el lunes la Conferencia del Episcopado Mexicano en su cuenta de X, los obispos José de Jesús González, Leopoldo González, Joel Ocampo Gorostieta y Dagoberto Sosa, afirmaron que “las luchas de poder en torno a intereses parciales se hacen cada vez más fuertes porque cuentan con la complicidad, tolerancia o indiferencia de muchos que deberían promover y asegurar la justicia, la legalidad y la seguridad”.
Los cuatro obispos alcanzaron notoriedad a inicios de año cuando participaron en unos diálogos con integrantes de grupos delictivos para tratar de frenar la violencia en Guerrero, en cuya capital fue asesinado y decapitado Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo en octubre, a seis días de haber asumido el cargo.
El pronunciamiento de los obispos se da a una semana del homicidio del sacerdote Marcelo Pérez, quien por muchos años levantó su voz contra la violencia en el sur del país. Pérez murió el 20 de octubre tras ser tiroteado en una calle de la localidad sureña de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas. Por el caso fue detenida una persona.
El asesinato de Pérez fue condenado de manera enérgica por la cúpula de la Iglesia católica mexicana y organizaciones de derechos humanos que exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum medidas urgentes para contener a los grupos criminales y proteger a la población.
La Fiscalía del estado occidental de Jalisco informó que un estadounidense fue asesinado el domingo durante un asalto en la ciudad de Guadalajara, capital del estado.
El estadounidense fue tiroteado a las afueras de un restaurante por presuntos delincuentes quienes lo despojaron de un reloj y luego huyeron en un taxi. El hombre, de 32 años, presentó heridas por arma de fuego en el pómulo derecho y el tórax que le ocasionaron la muerte. Por ese caso la Fiscalía de Jalisco ya abrió una investigación.
Otro de los focos de violencia del país está concentrado en el estado noroccidental de Sinaloa donde desde inicios de septiembre se desató una cruenta lucha entre dos facciones del poderoso cartel de Sinaloa que ha dejado más de un centenar de muertos y mantiene atemorizados a los habitantes de Culiacán, capital del estado.
Pese a las críticas, Sheinbaum se mostró el lunes optimista por las políticas de seguridad de su gobierno, que arrancó a inicios de mes, y aseguró que los resultados “se va a ir viendo poco a poco”.
Ante la pregunta de un periodista de si estaba dispuesta dialogar con las organizaciones delictivas, la mandataria dijo en su conferencia de prensa matutina que “no voy a negociar con delincuentes. Vamos a seguir construyendo paz atendiendo las causas y cero impunidad”.
Sheinbaum presentó este mes un plan nacional de seguridad, que incluyó algunas de las políticas de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, entre ellas el desarrollo de programas sociales y la participación de los militares en labores de seguridad pública.
El plan está sustentado en cuatro ejes: la atención de las causas de la violencia a través de programas sociales para evitar que los jóvenes sean captados por la delincuencia; la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando del ejército; la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación, y el trabajo coordinado entre el gobierno federal, los estados, los municipios y el Ministerio Público.
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