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La policía boliviana comenzó el lunes a despejar una importante ruta que conecta el país, en la cuarta semana de bloqueos carreteros organizados por seguidores del expresidente Evo Morales. Mientras tanto, el gobierno confirmó que uno de los tres regimientos militares “tomados” en el centro del país por simpatizantes del exmandatario permanece bajo su control.
“Vamos a desbloquear pacíficamente las rutas que han sido tomadas por grupos delincuenciales”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo el lunes, mientras la policía comenzó a retirar los bloqueos en la ruta que une La Paz, en el occidente del país, con Santa Cruz, en el oriente, para restablecer el tránsito de alimentos y combustible
“Hay un cuartel que sigue tomado. En los otros estamos realizando un inventario de las armas al interior de los cuarteles”, añadió del Castillo.
Mientras, con apoyo de tractores, cientos de policías avanzaban limpiando de escombros la ruta, mientras los bloqueadores se iban replegando pacíficamente ante el avance del numeroso contingente policial.
Tras ellos, decenas de camiones y vehículos varados por varios días esperaban reanudar su viaje, según imágenes en directo de varias televisoras.
La semana pasada un operativo similar, el gobierno logró abrir otra ruta vital a La Paz, que ha logrado mantenerse despejada. Según del Castillo, en ese operativo la policía fue atacada con dinamita por los manifestantes y 66 de ellos fueron detenidos bajo cargo de terrorismo.
Los cortes iniciaron el 14 de octubre en apoyo a Morales, que enfrenta una investigación por el supuesto abuso de una menor de 15 años cuando era mandatario (2006-2019). Sus seguidores exigen la renuncia del presidente Luis Arce ante el deterioro de la economía.
Los bloqueos han dejado pérdidas por más de mil millones de dólares, según el viceministro de Comercio Grover Lacoa y 35 heridos de acuerdo al ministerio de Salud. la mayoría policías.
Este es un nuevo capítulo en la larga disputa entre Morales y Arce por el control del aparato partidario de cara a las elecciones de 2025, en medio de una severa crisis económica y política del país y del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que gobierna por 18 años.
La protesta ha paralizado el país agravando el desabastecimiento de alimentos y combustibles y fuertes cuestionamientos a la gestión de Arce.
Morales, de 65 años, dice que el caso judicial ha sido “montado” para sacarlo de la carrera electoral, mientras Arce acusa a su mentor de una conspiración política y de un “bloqueo económico” para forzar su renuncia.
Desde su bastión en la región cocalera del Chapare donde se resguarda, Morales inició una huelga de hambre el fin de semana. En declaraciones a The Associated Press señaló que está dispuesto a seguir su lucha, pero también “a iniciar un diálogo sin condiciones” y con la mediación de “organismos internacionales o países amigos”.
“Puede haber diálogo, pero no se negociará la impunidad ni la violación a las normas que garantizan el libre tránsito”, respondió Del Castillo, ante los medios.
Esta semana la disputa política se trasladará de las carreteras a la Asamblea Legislativa donde ninguna de las fuerzas controla la mayoría. Diputados y senadores renovarán sus directivas y la atención está centrada en el Senado, controlado por el ala leal a Morales. Los seguidores de Arce buscan reemplazar al actual presidente de los senadores, Andrónico Rodríguez, hombre fuerte de Morales.
El Senado está en tercer lugar de la sucesión constitucional ante una eventual renuncia del presidente y vicepresidente. “Ya no hay hegemonías políticas, sino bloques. El escenario para la elección de los presidentes de las cámaras es complejo y ojalá los legisladores no piensen en sus caudillos sino en dar salidas al país ante la actual crisis”, dijo el diputado opositor Marcelo Pedraza.
Diputados y senadores han convocado a sesión el martes para elegir a sus presidencias.
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