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Se espera que Donald Trump movilice a agencias de todo el gobierno de Estados Unidos para que lo ayuden a deportar a un número récord de personas migrantes, basándose en los esfuerzos de su primer mandato para aprovechar todos los recursos disponibles y presionar a las jurisdicciones denominadas «santuario» para que cooperen, según seis exfuncionarios y aliados de Trump.
Trump reclamó la victoria en las presidenciales de 2024, diciendo a sus partidarios que Estados Unidos le había dado un «mandato poderoso y sin precedentes».
Los partidarios de Trump -incluidos algunos que podrían entrar en su segundo gobierno- anticipan que el presidente republicano electo llamará a todos, desde el ejército estadounidense hasta los diplomáticos en el extranjero, para hacer realidad su promesa electoral de deportaciones masivas.
El esfuerzo incluiría la cooperación con los estados liderados por los republicanos y el uso de fondos federales como palanca contra las jurisdicciones resistentes.
Trump recuperó la Casa Blanca prometiendo una amplia campaña contra la inmigración. La pieza central de su candidatura a la reelección fue la promesa de deportar a un número récord de personas migrantes, una operación que el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, estimó que podría expulsar a un millón de personas al año.
Los defensores de las personas migrantes advierten de que el esfuerzo de deportación de Trump sería costoso, polarizador e inhumano, y que provocaría separaciones familiares y devastaría comunidades.
Trump se esforzó por aumentar las deportaciones durante su presidencia de 2017 a 2021. Al contar tanto las expulsiones de personas migrantes como las devoluciones más rápidas a México por parte de los agentes fronterizos estadounidenses, el presidente Joe Biden deportó a más personas en el año fiscal 2023 que cualquier año de Trump, según datos del gobierno.
Pero una operación de deportación dirigida a millones requeriría muchos más agentes, camas de detención y jueces de tribunales de inmigración. El American Immigration Council, un grupo de defensa de las personas migrantes, estimó que el costo de deportar a 13 millones de personas que se encuentran en situación administrativa no regulada en Estados Unidos ascendería a 968.000 millones de dólares en poco más de una década.
Tom Homan, exdirector en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que se espera se incorpore al nuevo gobierno, dijo en una entrevista a finales de octubre que la escala de las deportaciones dependería de los posibles responsables y del espacio de detención.
«Todo depende de cuál sea el presupuesto», dijo.
Aunque el Gobierno entrante de Trump podría beneficiarse de la experiencia adquirida durante su primer mandato, podría volver a encontrarse con la resistencia de los empleados del gobierno ideológicamente opuestos, incluidos los responsables que examinan a las personas migrantes en busca de asilo.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y varios grupos de defensa de las personas migrantes se han estado preparando para batallas judiciales si Trump vuelve a poner a prueba los límites de su autoridad legal.
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