La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, tendrá que responder ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia por varios delitos relacionados con sus vínculos con las Farc, el Gobierno de Venezuela y un carrusel de comisiones ilegales. SEMANA revela en exclusiva el documento de 61 páginas que contiene las pruebas en su contra.
Un empresario venezolano, clave en el expediente
Uno de los nombres que aparece con más frecuencia en el llamado a indagatoria es el de Carlos Balilla Battistini, un empresario venezolano que habría financiado a Córdoba con un millón de dólares, un jet privado de lujo y otros gastos publicitarios, de viaje y de eventos. Según la Corte, Battistini era el dueño oculto de la empresa Led Media Colombia, que se habría creado con el único propósito de servir como fachada para los negocios de Córdoba con el vecino país.
La Corte tiene evidencias de que Battistini le entregó a Córdoba un millón de dólares para que ella intermediara ante el Gobierno de Venezuela y le facilitara contratos a empresarios colombianos y venezolanos. Además, le puso a su disposición un jet privado para que se moviera a cualquier parte, sin que estos gastos se reportaran en la contabilidad de la empresa.
La relación entre Battistini y Córdoba fue confirmada por Nilton Polanco Lasso, quien fungía como el representante legal de Led Media, pero que en realidad era un testaferro del empresario venezolano. Polanco confesó que la empresa no tuvo operación comercial ni reportó gastos en los años 2009 y 2010, cuando se realizaron las millonarias transacciones con Córdoba.
El testimonio del narcotraficante ‘el Turco’
Otro de los testigos que compromete a Córdoba es Walid Makled García, alias ‘el Turco’, un reconocido narcotraficante venezolano que fue capturado en Colombia en 2010 y extraditado a Venezuela, donde fue condenado a 14 años de prisión. Makled declaró que Córdoba captaba empresarios colombianos y se los presentaba a Hugo Chávez, cobrando una comisión de 600 millones de bolívares por cada reunión. Si el empresario lograba un contrato, el 10 % era para ella y Battistini.
Makled también dijo que Battistini le había manifestado que estaba financiando la campaña de Córdoba y que le había prestado el jet privado. Según Makled, Córdoba era amiga de Chávez y le llevaba empresarios tanto colombianos como venezolanos, recomendados por Battistini, para que les hiciera la cita con el presidente.
Exportaciones ficticias y movimientos bancarios sospechosos
La Corte también investiga a Córdoba por su presunta participación en un entramado de exportaciones ficticias a Venezuela, que involucra a otro empresario, Alberto Aroch Mugrabi, señalado por lavado de activos. Según la Corte, Aroch utilizó los servicios de Córdoba para obtener divisas preferenciales de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) a cambio de una comisión del 10 %.
Asimismo, la Corte tiene en su poder el reporte de millonarios movimientos bancarios a los familiares de Córdoba, que no se justifican con sus ingresos legales. Estos movimientos incluyen más de 80 consignaciones a sus hijos, hermanos y sobrinos, por un valor superior a los 500 millones de pesos.
La Corte considera que estas pruebas son suficientes para llamar a indagatoria a Córdoba, quien tendrá que responder por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento y peculado. La senadora ha negado reiteradamente los cargos y ha evitado presentarse ante el alto tribunal, alegando que se trata de una persecución política.
Los negocios ilícitos de Piedad Córdoba con Venezuela
La Corte Suprema de Justicia acusó a la senadora Piedad Córdoba de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, peculado y cohecho, por sus presuntos vínculos con el régimen de Venezuela y las Farc. Según la investigación, Córdoba habría recibido cuantiosas sumas de dinero por su gestión irregular ante el gobierno de Hugo Chávez, en beneficio de empresarios colombianos y venezolanos. Además, habría utilizado a su familia y a su equipo de trabajo como intermediarios y receptores de los recursos ilícitos.
Entre las pruebas que sustentan la acusación, se destaca el testimonio de Miguel Pinedo, un empresario colombiano que le entregó a Córdoba un millón de dólares en efectivo y le facilitó un jet privado para sus viajes a Venezuela. Pinedo declaró que Córdoba le ofreció sus “buenos oficios” ante el gobierno de Chávez para que le pagaran unos títulos de deuda que tenía con el Estado venezolano, conocidos como Cadivi. Según Pinedo, Córdoba le dijo que ella era el “vehículo” para lograr ese objetivo.
La sombra de Álex Saab
Otro personaje clave en el entramado de corrupción es Álex Saab, señalado de ser el testaferro del régimen de Venezuela y actualmente detenido en Estados Unidos. La Corte encontró que Córdoba se relacionó con Saab desde el año 2009, y que le solicitó ayuda económica para su actividad política a cambio de interceder por él ante Chávez. Asimismo, la Corte estableció que Saab usó una de sus empresas para canalizar las comisiones que Córdoba recibiría por su gestión ilícita en Venezuela.
La investigación también reveló que Córdoba habría involucrado a su familia en sus negocios turbios, pues se detectaron ingresos injustificados por más de 2.800 millones de pesos en las cuentas de sus padres, hermanos, hijos y hasta su expareja. Estas personas no tenían una actividad económica identificada que explicara el origen de esos recursos, por lo que la Corte solicitó a la Fiscalía que indagara sobre el asunto.
El asesor que la delató
Gran parte de la información que compromete a Córdoba proviene de Andrés Vásquez, quien fue miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y se convirtió en el enlace para los negocios con Venezuela. Vásquez denunció que Córdoba le ordenó viajar a ese país en varias ocasiones, y que le certificó sus labores oficiales pese a que él estuvo ausente de su cargo por más de 1.000 días entre 2007 y 2010. Por este hecho, la Corte también acusó a Córdoba de peculado, pues le habría causado un detrimento al erario al pagarle salarios y prestaciones sociales a Vásquez sin que él cumpliera con sus funciones.
Córdoba ha negado las acusaciones en su contra y ha sostenido que se trata de una persecución política por sus posiciones críticas y su papel en el proceso de paz con las Farc. La senadora no ha asistido a las citaciones de la Corte y ahora deberá afrontar el juicio en el que tendrá la oportunidad de defenderse.
Córdoba ha negado las acusaciones en su contra y ha sostenido que se trata de una persecución política por sus posiciones críticas y su papel en el proceso de paz con las Farc. La senadora no ha asistido a las citaciones de la Corte y ahora deberá afrontar el juicio en el que tendrá la oportunidad de defenderse.
