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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este martes a la comunidad internacional a no aceptar “ni normalizar” la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y llamó a impulsar un esfuerzo “coordinado y diplomático” para respaldar una transición pacífica a la democracia en ese país.
Roberta Clark, presidenta de la CIDH, subrayó que el hecho de que no se haya cumplido con las reglas electorales en las elecciones presidenciales es una violación de los derechos políticos del pueblo venezolano y exhortó a la comunidad internacional a seguir exigiendo una rendición de cuentas.
“Tres meses y medio después de la elección nuestro mensaje es que lo que sucedió y lo que sucede no se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades electorales de Venezuela siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales”, manifestó en una conferencia de prensa para abordar la crisis venezolana.
El presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador de los comicios para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuye la victoria al excandidato presidencial actualmente en un exilio “forzado” en España, Edmundo González Urrutia.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2000 detenidas.
“Terror como herramienta”
Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, dijo que el gobierno venezolano recurre al “terror” como una herramienta para mantenerse en el poder. También sostuvo que el “patrón” de represión que han documentado en semanas recientes es similar al registrado en 2014 y 2017, cuando hubo masivas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y que investiga la Corte Penal Internacional (CPI).
Además, destacó que se han documentado numerosas violaciones a las garantías judiciales, entre ellas la posibilidad de designar defensores privados. Llamó al gobierno venezolano a cesar la represión y a liberar a las personas detenidas arbitrariamente.
De Mees expresó alarma por 69 adolescentes privados de libertad en el contexto de las manifestaciones contra los resultados electorales, y cuestionó que se mantengan junto a adultos, sin una segmentación adecuada.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó el lunes que haya niños presos en el país, pero admitió que hay adolescentes.
Éxodo de periodistas
Pedro Vaca, relator para Libertad de Expresión de la CIDH, resaltó que, en el contexto de persecución que vive la nación suramericana, varios medios de comunicación se han visto obligados a “sacar del país a través de distintos exilios” a algunos de sus miembros.
Vaca, además, expuso que en Venezuela existe actualmente un nivel “muy fuerte” de autocensura y temor a dar cobertura a asuntos de interés público.
De acuerdo con datos del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), desde enero al menos 15 trabajadores de la prensa han sido arrestados en Venezuela, 9 de ellos tras las elecciones presidenciales y al menos 6 han sido señalados por delitos de terrorismo.
Según datos de agencias internacionales, más de 7.700.000 de venezolanos han abandonado su país, una cifra que para Andrea Pochak, relatora para Movilidad Humana de la CIDH, podría aumentar si no se logra una estabilización institucional y política.
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